La burrada de la semana, Casimiro López, obispo de Castellón

Los dirigentes de la secta católica tienen la mala costumbre de querer imponer a los demás sus retrógrados principios y valores. No solo eso,se atreven, también, a insultarnos al  criticar nuestras convicciones tal como lo ha hecho el obispo de Castellón, Casimiro López.

Dice este iluminado, en un intento de  salvarnos sin que nadie se lo haya pedido, que el matrimonio entre personas del mismo sexo provoca "hijos con graves perturbaciones de su personalidad" y además "el desarrollo de un clima que termina con frecuencia en la violencia".

Debe ser la inspiración divina o el humo del incienso que le trastorna la neurona, porque no hay ningún dato objetivo que justifica tanta barbaridad dicha de una sola vez. ¿En que se basa este personaje para afirmar que los hijos de parejas del mismo sexo tienen "perturbaciones de su personalidad" o que en esas parejas existe un clima de violencia?  No parece que las estadísticas de violencia en el hogar confirmen estas aseveraciones. Personalmente no conozco ningún caso de muerte por violencia entre parejas del mismo sexo. Como tampoco hay nada que justifique que una pareja del mismo sexo no tenga la misma capacidad para educar a sus hijos que una pareja heterosexual. Es mas, posiblemente una pareja del mismo sexo este mejor capacitada para educar a sus hijos en valores como la tolerancia y la no discriminación, por el simple hecho de ser del mismo sexo.

Que manía tienen todos estos energúmenos que, para defender sus sacrosanto matrimonio religioso, se dedican a descalificar y atacar a cualquier otro tipo de uniones legales entre personas, sean de igual o distinto sexo. Será que la falta de argumentos para defender su modelo de matrimonio les lleva descalificar a los otros. Dedíquense a imponer a sus ultracotólicos fieles las bondades de sus uniones religiosas heterosexuales y la necesidad de cumplir a rajatabla todos sus preceptos,  para que luego no sean tan hipócritas como para desunir con dinero los su dios unió.

Decir que a través del divorcio exprés y la unión entre parejas del mismo sexo "se han puesto las bases para la destrucción del matrimonio y de la familia", no solo es una mentira sino que, con ello, se pretende descalificar cualquier otro tipo de relaciones de pareja que no sea el matrimonio religioso. Nadie está obligado ni a divorciase ni a unirse a una persona de su mismo sexo y el concepto de familia no es ni único ni puede estar basado en los preceptos restrictivos de una religión. Así que, aquellos que crean en la indisolubilidad del matrimonio católico, lo tienen muy fácil para no destruir ni su matrimonio ni su familia, respetar los preceptos de su secta. Los que optamos por otro tipo de unión entre personas, no aceptamos ni la indisolubilidad del matrimonio ni ese modelo de familia. Por lo tanto ¿donde está el problema?

Por desgracia el problema está en la mente retrógrada de personas como el obispo de Castellón y la mayoría de la jerarquía de la iglesia católica. No soportan la libertad de pensamiento ni aceptan la existencia de otros valores que no sean los castrantes de su secta y les gustaría la vuelta al nacionalcotolicismo e imponer por decreto unos valores que cada día la ciudadanía rechaza con mayor contundencia..

Salud, República y Socialismo

La colaborración del P.P.

El Partido Popular se jacta de manera permanente de colaborar con la justicia en el caso de su presunta financiación ilegal. Pero lo que parece evidente es que lo que ellos llaman colaboración es en realidad una colaborración.

La apuesta que hizo el P.P. a favor del juez Ruz en contra del juez Bermúdez por la investigación del caso Bárcenas, parece no que está dando los frutos que ellos esperaban, porque cada vez es más evidente la existencia de una trama organizada de financiación ilegal por parte del P.P.

Es por ello que la cacareada y pretendida colaboración del P.P. está siendo puesta en cuestión, no solamente por la opinión pública sino por el propio juez Ruz. Ya hace tiempo el juez Ruz tuvo que tomar la decisión de expulsar al P.P. de la causa, porque mas que ejercer de acusadores, como estaban personados en ella, estaban ejerciendo como defensores de Bárcenas, en un claro ejemplo de obstrucción de la justicia.

La colaboración del P.P. en la causa nunca ha sido modélica y lo que ellos llaman colaboración con la justicia en realizad es simplemente  una colaborración de la pruebas que pudieran inculparles. Cada vez que el juez les requería alguna prueba, esta había sido borrada o destruida. Sucedió con los ordenadores de Bárcenas, cuyos discos duros fueron borrados con la excusa de que no eran de él. Pasó con los libros de visita de Génova, borrados, según el P.P., por aplicación de la legislación sobre protección de datos. Luego con las agendas de Bárcenas y el extesorero Lapuerta, destruidas por sus respectivas secretarias porque no eran de utilidad. Y recientemente los correos electrónicos del extesorero Álvaro Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez aparecieron borrado con la justificación de que fueron ellos quienes dieron la orden de hacerlo.

Pero lo que, al menos a mi, me sorprende es que el juez Ruz siempre llega tarde. Las pruebas destruidas era conocidas desde mucho antes de su solicitud al P.P. y casualmente siempre se llegada tarde. Las razones por las que el juez Ruz no las exigió antes, solo el las sabe. Pero en todo caso la actitud del P.P. no es la de colaboración con la justicia, sino la de obstrucción de la justicia, a pesar de esa justicia no lo haya visto así.

Si, como dicen los dirigentes populares, su partido es una víctima de Bárcenas, resulta cuanto menos contradictorio que se destruyan todas las pruebas que pudieran contribuir a justificar ese victimismo.

La colaborración del P.P. colmó el vaso de la paciencia del juez Ruz, que no tuvo más remedio que enviar a la UDEP a requisarla. Y esa colaborración se expresa en que el P.P. había entregado de forma voluntaria solo 520 de los 5.067 documentos requisados y solo 5 de los 17 expresamente solicitados. Pero no pasa nada porque el P.P. transforma un registro policial en "una colaboración ante un requerimiento de información".

El hecho de que se produzca un registro policial en la sede del partido del gobierno, en cualquier país mínimamente democrático, hubiera supuesto la asunción de responsabilidades políticas por parte de ese partido, pero en este país  eso no merece ni la menor justificación por parte del gobierno ni del partido que lo sustenta.

El borrado y la destrucción de pruebas, solo puede significar dos cosas, una que esas pruebas contenían datos inculpadores del P.P. y dos la obstrucción de la justicia por parte del P.P. Y esto es muy grave si quien lo hace es precisamente quien debería dar ejemplo, porque ellos son, con su mayoría absoluta, los que dictan las normas,

Salud República y Socialismo.

La burrada de la semana, Luís Peral (Senador del P.P.)

La presentación de la contrarreforma de la ley la Salud Reproductiva y Sexual (Ley de Protección de la Vida del Concebido), ha desatado las instintos más bajos de los sectores mas ultramontanos de la política, entre ellos los del senador del Partido Popular, Luís Peral.

Para este impresentable "el aborto es un verdadero drama para la mujer y una forma de violencia de género". Estos sectores del P.P., que representan a la minoría mas radicalizada de la derecha española y a los sectores más reaccionarios de la iglesia católica están eufóricos con la presentación de una contrarreforma que traslada los derechos de la mujer 30 años a atrás. Lleva razón en que abortar es un drama, porque no creo que ninguna mujer aborte como quien se ve de fiesta. Pero la solución que aportan, los sectores  más reaccionarios de nuestra sociedad, es peor que el problema que pretenden solucionar, porque para mitigar un drama no es necesario provocar una drama mayor.

Afirmar que el aborto es una forma de violencia de género, no es solo una barbaridad, sino además una mentira. Y justificarlo con que la decisión de abortar se toma a veces "con presiones de padres y empleadores", solo pone de manifiesto la necesidad de proteger a la mujer de esas presiones.

La decisión de abortar es un derecho exclusivo de la mujer que debe tomar en libertad. La actual ley de plazos no obliga a ninguna mujer a abortar, sino que es la mujer quien decide libremente abortar o dar continuidad a su embarazo. No hay violencia en esa decisión, la violencia es otra cosa.

• Violencia es obligar a una mujer a tener un hijo no deseado.
• Violencia es poner por encima de la vida de la mujer el derecho a la vida de un feto.
• Violencia es obligar a nacer a un ser con graves malformaciones, que harán de su vida un calvario y seguramente abandonado a su suerte por los poderes públicos, sobre todos si estos son el P.P.
• Violencia es imponer la retrógrada moral social de una minoría sobre una mayoría de la sociedad.
• Violencia es que ante algo que no general demanda social, porque está asumido por la mayoría de la ciudadanía, se imponga un recorte de derechos, para dar satisfacción al sector más reaccionario y minoritario de la iglesia católica.

Ya lo van a conseguir. Con esta contrarreforma no solo, la mujer retrocerá 30 años de avances sociales, sino que la sociedad española se situará entre los países más atrasados de la UE,en esta materia,  junto con Irlanda, Malta y Polonia.

No van a impedir que se reduzca el numero de abortos, porque la mujer que tenga esa necesidad lo seleccionará de otra manera, pero eso sí, lo hará poniendo en riesgo su salud y su vida. Pero a ellos, a esos sectores ultraconservadores, les importa muy poco la salud y la vida de esas mujeres, porque ellos seguirán solucionando sus  problemas como lo han hecho siempre, con una alta dosis de hipocresía y como dinero. Sus amantes, sus esposas, sus hijas, sus hermanas y hasta sus madres seguirán abortando. Porque de lo que se trata, en definitiva, es de agrandar la brecha de las diferencias sociales.

Salud, República y Socialismo.

Proceso 1001, el franquismo contra CC.OO.

Hoy se han cumplido 40 años del proceso 1001 por el que fueron enjuiciados 10 dirigentes de CC.OO., cuando aún era un movimiento sindical y no se había transformado en sindicato. No fue un juicio a unas personas, a unos dirigentes de ese movimiento sindical, fue un juicio al único movimiento de oposición real a la dictadura franquista.

El 24 de junio d 1072 diez dirigentes de la Coordinadora General de Comisiones Obreras fueron detenidos en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde se encontraban reunidos, iniciándose, con ello, el denominado proceso 1001.

Pero no fue un juicio a esos dirigentes, fueron esos pero pudieron ser otros. Se juzgó a un movimiento sindical que estaba trayendo en jaque a la dictadura franquista. Un movimiento con una gran espíritu de lucha y a la  vez realista. Realista porque supo utilizar la instituciones legales para, desde dentro de ellas, dinamitar un sindicalismo que solo servia a los intereses de la dictadura. CC.OO. a través de las elecciones sindicales, en el sindicalismo vertical, obtuvo importantes cuotas de poder que sirvieron como punta de lanza para desencadenar movilizaciones que socavaron las estructuras de la dictadura. El régimen franquista pretendió juzgar a CC.OO. a través de esos dirigente.

Un juicio represivo contra la libertad sindical que tuvo una gran repercusión nacional  internacional y que generó amplios movimientos de solidaridad, con los que serían conocidos como los 10 de Carabanchel. La prueba de ello fue las enormes penas de cárcel que se pidieron para los dirigentes de CC.OO., muy superiores  las que eran habituales para esos "tipos de delitos". Aunque al inicio del juicio, el fiscal estaba dispuesto a rebajar sustancialmente las penas solicitadas, un hecho sucedido ese mismo día hizo que la situación se recondujera de una manera vengativa. Ese día ETA asesinaba al entonces Presidente del Gobierno, Carrero Blanco.

A partir de ese momento la vista se transformó  en violencia hacia los encausados. Hubo amenazas de los fascistas presentes en la sala y hasta algún intento de linchamiento, por lo que tuvieron que se protegidos por la entonces Policía Armada. Ante la petición de aplazamiento por parte de los abogados defensores, la respuesta del presidente del TOP fue que no habría aplazamiento y que si de él fuera fusilaría allí mismo a los detenidos.

El juicio se convirtió en un ajuste de cuentas de la dictadura franquista contra el movimiento sindical español representado en los 10 dirigentes de CC.OO. que sirvieron de chivos expiatorios por el asesinato de Carrero Blanco. En conjunto fueron condenados a 169 años de cárcel, por la acusación de ejercer lo que en el mundo democrático eran derechos fundamentales como el derecho a la reunión y a la libertad sindical. El 15/02/75 el Tribunal Supremo redujo sustancialmente las condenas del Tribunal de Orden Público, con los que algunos salieron de inmediato de la cárcel. El resto no lo hizo hasta final de 1975 como consecuencia el indulto por la muerte del dictador.

La inicial condena fue la siguiente: Marcelino Camacho y Eduardo Saborido, 20 años; Nicolás Sartorius y Francisco García Salve, 19 años; Juan Muñoz Zapico, 18 años; Fernando Soto, 18 años, 4 meses y un día; y Francisco Costa, Miguel Ángel Zamora, Pedro Santiesteban y Luís Fernández, 12 años y un día.

Al final el pretendido proceso al movimiento sindical español se convirtió en un proceso a la dictadura, La solidaridad con los detenidos tanto a nivel nacional como internacional fue contundente. Abogados de prestigio y de todas las ideologías se ofrecieron para defenderlos. Desde Gil Roble, exdirigente del  franquismo, hasta Paquita Sauquillo, dirigente de la ORT, lo que evidenció el rechazo generalizado que la dictadura franquista provocaba entre la sociedad española. Desde el exterior la solidaridad también se hizo sentir. Lo principales sindicatos y partidos de izquierda de Europa, América y Asutralia expresaron su solidaridad mediante declaraciones y movilizaciones en sus respectivo países, así como múltiples organismos internacionales, dirigentes políticos y personalidades internacionales de la cultura y el deporte que reclamaban para los sindicalistas españoles lo que era algo habitual en sus países, el derecho a la libertad sindical y política. Todo esto hizo que el proceso 1001 se convirtiera en un proceso internacional contra la dictadura franquista.

Ayer el mundo sindical, las CC.OO. de hoy, rindieron homenaje a los diez de Carabanchel en un emotivo acto en Madrid. Algunos de ellos, como Marcelino Camacho ya no está con nosotros. Pero su espíritu de lucha y los ideales que defendieron continúan vigentes e  inalterables. El sindicalismo de hoy tiene que adaptase a las nueva situaciones sociales, pero sin olvidarse de las actitudes de un movimiento sindical que fue capaz de ser el principal protagonista del cambio político en España.

Las movilizaciones promovidas por el movimiento sindical representado principalmente por CC.OO. durante los últimos años del franquismo y los siguientes fueron fundamentales para  consecución de las libertades  democráticas y sindicales y los derechos sociales que hoy no quiere arrebatar el Partido Popular. La situación actual del movimiento obrero y sindical es otra historia, que, en todo caso, nos debe llevar a seguir reivindicando el espíritu de lucha de las CC.OO. de los 10 de Carabanchel.

Salud, República y Socialismo.

Ahora el tarifazo eléctrico

Ya nos hemos acostumbrado a predecir las nuevas medidas del P.P., basta simplemente con entenderlo o interpretarlo al revés de los que nos dicen. Por eso cuando nos aseguraban que la electricidad no iba subir, en realidad nos estaban diciendo que las subida iba a ser segura.

Eso es lo que nos ha venido asegurando el ministro de Industria, cada vez que se le ha preguntado, durante esta semana. Aunque al final ya nos auguraba que al menos subiría un 2%. Muy lejos se quedó el ministro, porque la subida será superior al 11% de media. Pero, como no, la responsable de esta subida es la herencia recibida, como si en estos dos años el P.P. no hubiera tenido tiempo para corregir los efectos negativos de esa "herencia recibida".

Pero  la "herencia recibida" tienen la forma de sospecha fundada de manipulación de precios de la subasta eléctrica de hoy. Es tan burdo el resultado de la subasta que hasta el propio ministerio de Industria ha solicitado un dictamen de urgencia sobre la misma a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). No parece muy lógico que en unos momento en que la oferta de producción eléctrica es el doble de la demanda, la subasta  de como resultado un incremento del 26,5%. No parece que esté en sintonía a con las leyes del mercado. El ministro ha amenazado con la anulación de la subasta y no hacer efectiva la subida si se confirman irregularidades.

Nuevamente son las grandes empresas, en este caso las distribuidoras de electricidad, las que salen ganando de la crisis. Este gobierno no tiene el más mínimo interés en favorecer a los ciudadanos de a pie.  Y nos es una ironía, sino una realidad, porque el pasado martes el P.P. rechazaba la propuesta de IU de medidas urgentes para hacer frente a la pobreza energética.

IU pedía un Plan contra la Pobreza Energética para garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar y, entre otras cosas, instaurar una "tregua invernal durante la cual las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de luz, gas o agua por impago siempre y cuando se reúnan unas condiciones de renta familiar". Medidas que ya se vienen aplicando en diversos países de la UE. Como viene siendo habitual la propuesta fue rechazada por el P.P. frente al resto de los grupos parlamentarios que la apoyaron. La argumentación, tan burda como la subasta eléctrica de hoy: el P.P, según el diputado José Flores, está haciendo mucho por el bienestar de la ciudadanía y como prueba de ello la reforma laboral. Sin comentarios.

El resultado de la subasta de hoy no es, sino consecuencia de la actitud del P.P. ante los empresarios. Y la advertencia el ministro, de dejar sin efecto la subasta eléctrica, solo demuestra la posibilidad de poder de intervención del estado en los abusos empresariales y a la vez la permanente negativa a hacerlo, al usar la crisis como la excusa para cambiar el modelo económico y social existente a su llegada al poder.

Salud, República y Socialismo.

La burrada de la semana, Cristóbal Montoro

Si hay un ministro que se caracteriza por insultar y amenazar a todo lo que se menea, ese es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Además utilizando la información privilegiad que le da su posición como ministro de Hacienda.

Para Cristóbal Montoro cuando los medios de comunicación cumplen con su obligación de informar, como en el caso Cemex, el ministro de Hacienda lo  interpreta como una forma de presión para conseguir favores fiscales. Dice Montoro, "Cuando veo algunas informaciones, uno llega a pensar que tiene que ver con lo que está ocurriendo. ¿Será una forma de presión?"  Y Montoro justifica esa hipotética presión por los problemas fiscales que según el tienen todos los medios de comunicación.  “Lo sé porque me lo cuentan, no es que esté teorizando. Cómo no voy a conocerlo, si vienen a mi despacho a contarme sus problemas económicos”.

Es lo de siempre se culpa y amenaza al mensajero, en lugar de aclarar las acusaciones de favorecer a la empresa Cemex con una purga entre los inspectores de hacienda. Y lo grave del caso es que lo hace utilización información privilegiada a la que tiene acceso como ministro de Hacienda e información confidencial, si es que es cierto que los medios de comunicación van a su despacho a contarle sus problemas económicos. No  se si esta utilización que hace Montoro de esa información es prevaricación o cualquier otro delito, pero en todo caso lo que no cabe duda es que su actuación es absolutamente obscena y vergonzante.

Y el problema es que no es la primera vez que Montoro utiliza la misma táctica. Siempre que algún colectivo tiene la insolencia de criticar su política fiscal y/o sus métodos de depuración profesional en su ministerio, la reacción es la amenaza. Ya sean artista, deportistas, partidos políticos o como ahora medios de comunicación. A todos ellos se les acusa de ser malos cumplidores con sus obligaciones fiscales.

Montoro amenaza a todos los que se atreven a criticarle y mientras, no para de favorecer a los defraudadores fiscales. Mediante una amnistía fiscal o eliminando a inspectores de Hacienda íntegros  que no se dejan presionar por su chantaje y pretender que los delincuentes fiscales paguen de manera adecuada sus delitos fiscales. Esa es la forma que tiene Montoro de aplicar la fiscalidad en España, castigando a los ciudadanos de a pie y premiando con amnistías fiscales y reducciones indecentes de multas a los grandes delincuentes fiscales.

Esto que en cualquier país, con una mínima tradición democrática, habría significado su fulminante cese o dimisión, en un país de gobernantes corruptos no solo no pasa nada, sino que además se le protege. Es una lacra vergonzante, pero una lacra de la que tememos mucha culpa los ciudadanos de a pie. Porque en lugar de mandarlos al ostracismo político y echarlos de la política a patada, somos permisibles con su abusos y continuamos apoyándoles en los procesos electorales. O tomamos conciencia de que estos personajes indecentes tienen que estar fuera de la política o este país no tendrá solución, al menos no para los ciudadanos de  a pie.

Salud, República y Socialismo.

14-D. Ayer como hoy

Hoy se cumplen 25 años de la mayor movilización promovida por los sindicatos de clase desde  la transición democrática. La huelga general, paro general se llamó, del 14 de diciembre de 1988 contra las políticas antisociales del gobierno de Felipe González. Una movilización, que tuvo consecuencias políticas y sociales.

La huelga general se venía incubando desde hacia tiempo. El gobierno de Felipe González en lugar de cumplir sus promesas electorales cambió a las teorías neoliberales de primero crecer la tarta y después repartirla y por ello estaba cargando sobre las espaldas de los trabajadores la mala situación económica del país.

Al igual que hoy Rajoy, Felipe González no escuchaba. Con la excusa de la entrada en el entonces Mercado Común Europeo se iniciaron políticas encaminadas a la moderación laboral, flexibilización del mercado de trabajo, reforma de la Seguridad Social, reforma de las pensiones, que unido al alto IPC no hacia mas que deteriorar los salarios y las pensiones, cuando en aquellos momento el PIB crecía por encima del 5%. Mientras se salvaba a la banca con ayudas de mas de 2 billones de las entonces pesetas, se establecieron importantes desgravaciones y deducientes fiscales a las grandes  empresas, se establecieron las SICAV, ... Parece como si la historia se repitiera.

Pero lo que colmó el vaso fue el Plan de Empleo Juvenil. Con la excusa del alto desempleo ( mas de 3 millones de trabajadores) se pretendía un contrato para menores de 25 años con el Salario Mínimo Interprofesional y sin cotizaciones a la Seguridad Social. Un contrato que, al igual que hoy, solo tenia un objetivo: abaratar los costes laborales de las empresas y sustituir empleo de calidad por empleo precario. Igual que la reforma laboral del P.P.

Los objetivos de la huelga fueron claros, retirada del contrato de inserción para jóvenes y la puesta en marcha de un plan general de empleo. La recuperación de, al menos, dos puntos de la pérdida de poder adquisitivo, provocada por la desviación de la inflación en 1988. El incremento de la cobertura por desempleo. La equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, la protección social y el Derecho pleno de Negociación Colectiva de los funcionarios.

Pero no fue fácil, porque, al igual que hoy, se inició una campaña antisindical. Se cuestionaba la legitimidad de los sindicatos, que no eran modernos, que se oponían a la voluntad de las urnas, que si la inoportunidad de la huelga, que si estaban subvencionados y un largo etcétera que en la practica son lo mismo argumentos que ha utilizado el P.P.  y sus voceros  para descalificar las huelgas y movilizaciones contra su política de recortes.

Pero lo que no fue igual fue la actitud a la ofensiva del movimiento sindical. La actitud de los miles de delegados y delegadas sindicales en las empresas y centros de trabajo. Yo recuerdo que en aquellos días el despliegue de los sindicalistas fue excepcional, No parábamos de hacer asambleas en los centros de trabajo, de repartir octavillas a la salida del metro. Se debatió y se explicó con intensidad las consecuencias de las políticas de gobierno González y las alternativas sindicales y sobre todo la necesidad de participar en la movilización para parar las regresivas medidas. Hoy se ha mal entendido el uso de las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales. En muchas ocasiones se ha dejado la movilización al albur de estas en lugar de ser tan solo complementarias de los viejos y nunca pasados de moda métodos de movilización sindical.

Y con ello llego el éxito de la movilización. Fue una huelga ciudadana, casi sin incidentes. Yo aún recuerdo la fría noche pasada a la puerta de la cocheras de la EMT de Carabanchel en Madrid, no permitiendo que salieran mas que los autobuses pactados como servicios mínimos. Y después como se convencían, sobre la marcha, a esos servicios mínimos para que volvieran a las cocheras. Y cuado amanecía supimos que la huelga estaba ganada, porque en Madrid en la entrada por la N42, donde yo estaba, apenas circulaban vehículos y los pocos autobuses que pasaban iban vacíos o casi vacíos. Era una sensación de autosatisfación, de victoria y de confirmar que el trabajo no había sido en balde. Si se paraba el transporte, la huelga estaba ganada y el transporte se paró.

Y el triunfo de la huelga tuvo consecuencias políticas y sociales. Desde el propio gobierno se reconoció la amplia participación de los trabajadores en la huelga y Felipe González tuvo que bajar sus humos y se avino a negociar. El Plan de Empleo Juvenil fue retirado y los sindicatos obligaron al gobierno a negociar la “Propuesta Sindical Prioritaria”, y una buena parte de esas propuestas fueron asumidas por el gobierno. Entre ellas la creación de las pensiones no contributivas; la negociación en el ámbito de la función pública y la cláusula de revisión para los funcionarios; el derecho a la información en materia de contratación laboral; la cláusula de garantía para los pensionistas; el mayor  incremento de las pensiones de la década; el salario de inserción en las CCAA y el aumento de la ayuda familiar para las rentas más bajas. Esas fueron algunas de las conquistas sociales y laborales como consecuencia del éxito de la huelga general del 14-N, aunque se tardara un año en materializarlas.

Esta es la lección que se puede sacar de aquella huelga. Es posible modificar  la realidad social si se crean las condiciones necesarias para ello. El problema es que desde aquel 14-N ni el sindicalismo, ni los trabajadores ni la ciudadanía tienen las mismas actitudes. Los sindicatos se han acomodado a la negociación sin movilización, se abandonan los centros de trabajo, ya ni se informa ni se debate con los trabajadores con la intensidad que se hacía entonces. Pero no toda la responsabilidad es de los sindicales porque también, salvo excepciones, los trabajadores y la ciudadanía se han acomodado. En una situación como la actual con los grandes ataques a las condiciones laborales y salariales, al estado del bienestar y los enormes recortes a los servicios públicos, es incompresible la actitud pasiva de una mayoría de ciudadanos y trabajadores.

Un país con 6 millones de parados debería estar en situación de estallido social y sin embargo, hasta ahora, las movilizaciones no han sido lo suficientemente contundentes como para parar la tremenda agresión que esta llevando a cabo el Partido Popular hacía las clases populares de este país. Todos, sindicatos, trabajadores y ciudadanos deberíamos aprovechar la conmemoración del 14-D para reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal para que no haya la respuesta que se necesita para parar toda la política de recortes del P.P.

Los sindicatos tienen su responsabilidad, pero siguen siendo elementos necesarios para la lucha social. Las grandes conquistas sociales de la democracia se las debemos fundamentalmente a ellos, pero hoy tienen que reflexionar sobre el por qué del progresivo desarraigo de los trabajadores hacia ellos. Tienen la obligación de corregir y rectificar los errores porque hay quienes están interesados  en su desaparición y esto no beneficiaría en nada a la clase trabajadora. Ignacio Fernández, Secretario General de CC.OO., decía ayer, en el acto conmemorativo del 14-D, que los sindicatos deben mirar en su interior para detectar si hay carcoma y en su caso fumigar. Esto que en sí es una autocrítica sindical, no puede quedarse solo en eso, debe traducirse en cambio de rumbo sindical.

Salud, República y Socialismo

Indultos de guante blanco

No se han producido todavía pero seguro que alguno cae. No son peticiones de indulto de delincuentes de poca monta, ni casos de manifiesta injusticia. Son delincuentes que han abusado de su posición privilegiada para lucrarse.

Delincuentes como Jaume Matas, expresidente de Baleares, Pedro Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, o José Maria del Nido, ya expresidente del Sevilla. Los tres con delitos económicos a sus espaldas, van a solicitar el indulto, Pedro Hernández ya lo tiene solicitado, para evitar entrar en prisión.

El indulto es una arbitrariedad propia de épocas absolutistas, que está previsto para enmendar resoluciones judiciales manifiestamente injustas, pero, cada vez mas, vemos que se utiliza para favorecer a empresarios amigos o políticos afines, olvidándose de aquellas personas que realmente lo merecen .

Jaume Matas, sin haberse arrepentido, lo pide "por humanidad". La misma humanidad que le llevo a aprovecharse de su situación de Presidente balear para enriquecerse. Ya hemos visto como el Tribunal Supremo rebajaba su condena de 6 años de prisión a tan  solo 9 meses, pretendiendo además, Jaume Matas, que se conmutara su pena de prisión con el pago de una multa. Comprar una condena con el dinero robado. Menos mal que el tribunal que lo condenó ha considerado que no ha mostrado arrepentimiento con su conducta y que aún le quedan muchas causas pendientes. Sino a estas horas habría zanjado su condena con una multa.

El exalcade de Torrevieja, por supuesto del P.P., fue condenado a tres años de prisión por delitos de corrupción. Y para que todos seamos iguales ante la ley, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), con el informe favorable del fiscal, ha anunciado que suspende la pena de  cárcel a la que fue condenado hasta que se resuelva la solicitud del indulto. Además el TSJCV ha instado al Ministerio de Justicia a “tramitar con carácter urgente” el expediente de indulto para el corrupto.

No se puede olvidar que la petición de indulto del exalcalde de Torrevieja fue respaldada por el 80% de los diputados del P.P., en las Cortes Valencianas y que el P.P. valenciano tiene al menos 10 parlamentarios imputados por delitos relacionados con la corrupción en el Parlamento Valenciano. Esto da una imagen de los que representa la corrupción política entre el P.P. y mas en concreto entre el P.P. valenciano.

La corrupción, en estos casos, les puede salir gratis a los dirigentes y exdirigentes del P.P. Primero con sentencias ridículas, después con la ayuda de los fiscales para la tramitación de los indultos y por último con la probable concesión del indulto por parte del gobierno del P.P.

El caso de José María del NIdo es otro de los que famosos ligados a la corrupción política, que se puede beneficiar de un indulto gracias a su influencia con lo poderes políticos. Del Nido no ha sido condenado por un delito menor, el Tribunal Supremo le ha condenado a siete años de prisión por los honorarios irregulares que cobró del Ayuntamiento de Marbella entre 1999 y 2003, es decir por delitos de malversación y prevaricación. También va a pedir el indulto. 

Estos y otros casos parecidos son los que crean alarma social. Cuando se utiliza el indulto, no para reparar una injusticia sino para premiar a delincuentes de guante en blanco. El indulto, esa figura arbitraria regida por una norma del principios del siglo pasado, tiene que ser renovada para que sirva a su verdadero objetivo, reparar injusticias manifiestas y que sea otorgado a través de criterios objetivos y no por otros arbitrarios del gobernante de turno. Hemos visto demasiados casos en los que personas con delitos que no causaban alarma social o que estaban ya totalmente rehabilitados e reinsertados en la sociedad, se veían obligados a entrar en prisión porque no llegaba un indulto o a los que solamente la presión ciudadana evitaba, a última hora, su entrada en prisión. Mientras, otros delincuentes de guante blanco o policías torturadores se veían favorecidos por un injusto indulto.

Salud, República y Socialismo

La burrada de la semana, José Masa (Alcalde de Rivas)

Dicen que quienes olvidan su historia, están obligados a repetirla. Eso es lo que esta pasando a algunos miembros de IU en Rivas Vaciamadrid, entre ellos al alcalde de la ciudad, José Masa.

Esa es la base del conflicto que actualmente envuelve a  la organización  de IIU en Rivas. No se trata de una bronca entre minorías y mayorías. Se trata simplemente del respeto a la organicidad. La Cámara de Cuentas encontró anomalías en los ejercicios de 2010 y 2011 en la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas. Nadie ha cometido un delito, ni nadie ha sido acusado de ello, pero ha habido una mala gestión por parte de los responsables de la EMV que ha causado perjuicios a la ciudad y cuando eso ocurre alguien debe asumir responsabilidades, Eso es lo que IU exige cuando está en la oposición, por tanto cuando gobierna debe ser igual.

Así lo entendió la dirección de IU-Rivas y su asamblea y exigió la dimisión de sus responsables en la EMV. Pero estos, ni el Alcalde, José Masa, aceptan las decisiones democráticamente tomadas por los órganos de dirección. Para José Masa, en una entrevista en Público, las decisiones no se cumplen porque él no las comparte "Me provoca estupefacción que cuando  la Cámara de Cuentas ataca al Ayuntamiento de Rivas, parte de mi organización me deje solo y use ese argumento como arma arrojadiza. Voy a defender a muerte al Ayuntamiento aunque eso me haga chocar con la mayoría de la organización local. " Esto vino a decir para justificar sus incumplimientos. Pero José Masa se equivoca.

Se equivoca porque la organización no le ha dejado solo, él se ha aislado. Él no es quien toma las decisiones, las decisiones las toma IU a través de sus órganos. Por tanto cuando él no acata las decisiones de su organización, es él quien se aísla y se enfrenta a la organización. Máxime cuando no se acude a los órganos en los que se toman las decisiones o se abandonan esos órganos para, entre otras cosas, no tener que rendir cuentas de la gestión municipal.

Y se equivoca cuando dice que la Cámara de Cuentas ataca al Ayuntamiento de Rivas. Según él, es un complot de P.P. contra IU. Pero resulta que esos mismos informes son los que nosotros utilizamos para exigir responsabilidades a los gobiernos de otro color cuando el Tribunal de Cuentas encuentra anomalías. No se puede practicar la misma hipocresía que utilizan otros partidos en estos casos. Además resulta que tanto el informe realizado, sobre la EMV, por la dirección federal de IU y el solicitado a una jurista independiente, coinciden en lo substancial con los fallos de gestión que apunta el informe de la Cámara de Cuentas. Por tanto cabe deducir que esos fallos en la gestión son ciertos.

Y se equivoca cuanto usa en sentido patrimonialista la alcaldía. La alcaldía no es de él, es de IU. Él no es alcalde por sus votos, él es alcalde porque así lo decidió la organización y los votos que conquistó la organización le hicieron alcalde. Y en IU los cargos públicos no toman las decisiones por su cuenta. Ellos se deben a las decisiones que toman los órganos de dirección. Y del mismo modo que los afiliados deciden quien es cargo público, estos pueden revocarles cuando entienden que la gestión realizada no es correcta o no se cumplen las decisiones tomadas por los órganos de dirección. Porque la mala gestión no se paga a titulo personal en la urnas, la paga la organización en su conjunto.

Y  vuelve a equivocarse cuanto insiste en que esto es un vendeta entre mayorías y minorías. Yo no soy de ninguna mayoría ni minoría de las que José Masa acusa, como otros muchos de los afiliados de IU en Rivas. Es simplemente un problema de respeto a la organicidad. De respeto a las decisiones tomadas por los afiliados en sus asambleas. De entender que ningún cargo público de IU, por muy alcalde que sea, es más que el más modesto de los afiliados. Y de entender que los cargos públicos están obligados a dar cuentas de su gestión y por tanto que no acudir o abandonar las asambleas, en las que se discute su gestión,  es una falta de respeto a todos los afiliados que con su trabajo hacen posible que ellos lleguen, a través de las urnas, a las instituciones políticas del estado.

Y ustedes se preguntarán a que venía eso de "obligar a repetir la historia"  de la introducción. Pues viene a que hace 22 años, cuando IU conquistó por primer vez la alcaldía de Rivas, al alcalde electo le empezaron a sobrar los afiliados, la dirección política y hasta su grupo municipal y pretendía hacer y deshacer a su antojo. Entonces, José Masa, algunos concejales díscolos de ahora, la inmensa mayoría de la afiliación, entre ellos el que suscribe y por supuesto la dirección de IU se enfrentaron a ese alcalde absolutista y terminamos obligándole a dimitir. Pues hoy la historia se repite, porque alguien como José Masa la ha olvidado y por desgracia la repite haciendo el papel de alcalde absolutista.

Nota:
Sobre este tema escribe también Rafael Almazán Crisis de Izquierda Unida en Rivas

Salud, República y Socialismo

Hasta siempre Madiba

Ha muerto Nelson Mandela. Después de una larga enfermedad Madiba nos ha dejado a sus 95 años de edad. Todos los defensores de la libertad y los derechos humanos nos sentimos hoy un poco huérfanos.

Con la muerte de Nelson Mandela desaparece una de las grandes figuras políticas del siglo XX. Desde sus inicios, en las juventudes del Congreso Nacional Africano, su objetivo fue la lucha contra el apartheid, lo que le ocasionó una condena a cadena perpetua de la que cumplió 27 años de prisión, la mayoría en el penal de la isla de Robben, donde era el preso 46664.

Las secretas negociaciones con el entonces presidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, y la presión internacional a Sudáfrica, sentaron las bases, en primer lugar, del fin de la segregación racial y después de la celebración de las primeras elecciones democráticas que llevaron a Namdela a la presidencia del Gobierno sudafricano. Mandela y de Klerk  recibieron el Nobel de la Paz en 1993.

Su objetivo, como presidente de Sudáfrica, fue eliminar todas las injusticias hacia los negros, productos de los años de la segregación racial y conseguir la reconciliación nacional entre la mayoría negra y la minoría negra,

Su no apego al poder le llevó a retirarse de la política tras su primer y único mandato presidencial. Aunque eso no le apartó de la lucha en favor de los más desfavorecidos, como la lucha contra el SIDA o la erradicación de la pobreza en Arica.

Personas como Mandela nos hacen ver el mundo de diferente manera y nos reconcilia con esa casta de políticos que de verdad luchan por las defensa de los intereses de sus conciudadanos, sin esperar nada a cambio, No queda su legado, sus hechos, su ejemplo de lucha, sus escritos y discursos y sobre todo su gran humanidad. Nunca le olvidaremos, porque su ejemplo estará siempre con nosotros.

Salud, República y Socialismo.

Su libertad frente a la nuestra y nuestras libertades

En el nombre de la seguridad, su seguridad, se restringen las libertades, nuestras libertades. Es la norma en los regímenes totalitarios. Ahora parece que la norma se está ampliando a países democráticos como el español.

Nos dicen que es una ley para garantizar la seguridad. Que seguridad hay que garantizar en un país donde los índices de delincuencia son tan bajos que la ciudadanía coloca la seguridad en el puesto número 13 de los problemas nacionales. Donde los ciudadanos nos manifestamos de manera pacífica, a pesar de la miseria a la que nos ha llevado el Partido Popular. Donde esa mayoría silenciosa a la que alude Rajoy y los dirigentes del P.P. se comporta de manera domesticada, como si tuvieran un síndrome de Estocolmo colectivo. Pues a pesar de esto el gobierno insiste en recortar nuestras libertades y nuestra seguridad para garantizar su seguridad.

Cuando un gobierno recibe tantas protestas en la calle, lo que debe preguntarse es que estará haciendo mal, no que medidas hay que tomar para anular las protestas. Por eso lo que pretende el gobierno del P.P. es blindarse ante sus tropelías instalando la política del miedo para que los ciudadanos no se atrevan a llevar su descontento a las calles. Nos quieren pobres y sumisos para garantizar su seguridad. La seguridad del mantenimiento en el poder. Saben que la contestación en la calle expresa el rechazo de la ciudadanía a la política de recortes contra la crisis. Por eso pretenden que por las buena o por las malas las calles no expresen ese descontento.

En definitiva se trata de su libertad frente a la nuestra y nuestras libertades.

• De nuestra seguridad a unos servicios públicos de calidad a la seguridad de sus amigos de hacer negocio.
• De nuestra seguridad a unas pensiones y unos salarios dignos a la seguridad de los empresarios con un  poder casi absoluto para imponer sus condiciones a los trabajadores.
• De nuestra libertad para ejercer los derechos de manifestación, reunión y libre expresión, frente a la seguridad de la impunidad policial.
• De nuestra seguridad a la tutela judicial gratuita a su seguridad para que solo los poderosos tengan acceso a la justicia.

Por eso necesitan sacar del Código Penal  todo lo relacionado con las libertades civiles y que los jueces estaban garantizando, en contra de la opinión del P.P. Y así ahora puedan utilizar la coacción económica a través de las abusivas multas de las faltas administrativas, para que la ciudadanía no lleve las protesta a las calles. Nos quieren en la miseria y además sumisos.

Son tan burdas las pretensiones del gobierno con la futura ley de Seguridad Ciudadana que hasta la propia UE a través del Consejo de Europa considera que el borrador de la ley de Seguridad Ciudadana, presentado por el Gobierno español, es "altamente problemático". Así lo ha manifestado el comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, que duda de la necesidad de las "restricciones" planteadas por el Ministerio de Interior "en una sociedad democrática" .

Pero no lo conseguirán, porque no se puede poner puertas al campo, ni limites, ni coacciones a los derechos constitucionales de los ciudadanos. El miedo a perder la libertad o la vida no impidió que las grandes movilizaciones al final del franquismo forzaran la consecución de las libertades democráticas. Solo se trata de que la mayoría social se empeñe en hacer agua de borrajas de la pretendida ley de "Inseguridad Ciudadana".

Salud, República y Socialismo.

La burrada de la semana, Ana Botella

Hay políticos que por mucho que se empeñen jamás tendrán  un nivel adecuado al cargo que desempeñan. Ese es el caso de Ana Botella. Cuando alguien tienen en política el único mérito de ser la mujer de Josemari, lo normal es que cada vez que abra la boca suelte una burrada.

Lo de Ana Botella es simplemente una cuestión de incompetencia, de nulidad política. Por eso la oposición en el el ayuntamiento de Madrid, simplemente se cachondea de ella. No tiene la mínima altura política para poder representar a los madrileños. Por eso su última salida de tono “El PP y la reforma laboral son la ideología que más progreso ha traído” evidencia que es una mentirosa compulsivo, que lo es, o que no entiende ni el ingles ni el castellano, o que el día en que en Barrio Sésamo explicaron la palabra progreso, ella estaba en la peluquería.

Porque progreso es sinónimo de mejora, de avance. Y lo que ha traído el P.P. desde que gobiernan y la reforma laboral no es sinónimo de eso, sino de todo lo contrario, de empeoramiento y de retroceso. De empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores y de retroceso de estas muchos años atrás.

La ideología del P.P. solo ha significado retroceso e involución para las clases populares. Quizá es que el referido progreso se refiere al que, gracias al P.P., han tenido las grandes empresas y fortunas.

• Retroceso para los trabajadores que han viso como se reducían sus salarios y perdían derechos laborales conquistados con gran esfuerzo durante muchos años.
• Retroceso para los pensionistas y jubilados a  los que se ha reducido sus pensiones y se les aplica copagos en sus medicamentos, poniendo con ello en peligro su salud.
• Retroceso para los estudiantes a los que se les han incrementado las tasas universitarias y reducido el acceso a las becas, haciendo que miles de estudiantes hayan tenido que abandonar sus estudios.
• Retroceso para todos los ciudadanos que nos hemos visto afectados por graves recortes en la sanidad pública, deteriorando unos servicios sanitarios, antes ejemplares, que ahora ponen en peligro nuestra salud.
• Retroceso es imponer una ley de tasas que propicia una justicia para ricos y otra para pobres.
• Retroceso para los dependientes afectados también por graves recortes, siendo abandonados a la solidaridad de sus familias.
• Retroceso es imponer una ley contra el aborto, que hace del aborto un delito y deja en la mas absoluta indefensión jurídica a miles de mujeres, en particular a las de menor poder adquisitivo.
• Retroceso para la comunidad educativa que con los recortes han deteriorado la calidad de la enseñanza y que con la LOMCE han devuelto la enseñanza a la época del nacionalcotolicismo.
• Retroceso en las libertades y los derechos civiles, implantando un estado policial en el que se criminaliza la protesta y los derechos constitucionales a la manifestación y libertad de expresión.
• Retroceso es reducir la inversión en I+D+I porque eso nos devuelva a la época del "invente ellos" y a retroceder muchos años en investigación.

Podríamos estar hablando de retrocesos durante un largo periodo de tiempo, pero todo lo podríamos resumir en un retroceso hacia una sociedad extremadamente dual. Una sociedad donde una minoría vive en la opulencia y tiene acceso a servicios públicos de calidad y el resto de la ciudadanía solo a servicios públicos de beneficencia, una sociedad donde la minoría que ha provocado la crisis se beneficia de ella y se enriquece aún mas y el resto de la ciudadanía paga los platos rotos que ellos han ocasionado.

Ana Botella debería releerse los estatutos de su partido y se daría cuenta de que la verdadera ideología de su partido es la de los mercados financieros y sobre todo debería descargarse de internet Barrio Sésamo y visionar atentamente el capítulo dedicado a la palabra progreso. Seguro que si presta un poco de atención hasta ella lo llega a entender.

Salud, República y Socialismo.