No vivas con un militar

Sería aventurado calificar como un error judicial el crimen ocurrido la semana pasada en Alovera (Guadalajara), donde un hombre mató a su mujer y al compañero sentimental de ésta y luego se suicidó, ya que la mujer asesinada "tenía el suficiente grado de protección porque convivía con una persona que era militar y, además, con más grado que su acosador (también miembro del Ejército)".

Esta es la iluminada deducción, que hace el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), José Martínez Jiménez, sobre ese asesinato; aunque mas tarde hace una rectificación diciendo que “si el autor del crimen de Alovera hubiese estado en prisión preventiva, las muertes no se hubieran producido”.

Cuando se han puesto al descubierto que algunos de los actos criminales que han sucedido últimamente se pudieran haber evitado, si no se hubieran producido determinados errores judiciales; una persona con la responsabilidad de fiscal jefe de un Tribunal Superior de Justicia, debería tener al menos una cierta sensibilidad y no hacer ese tipo de declaraciones, porque eso sitúa en un estado de indefensión a una parte de la sociedad.

El Estado tiene la obligación de dar protección a toda la ciudadanía y no solo a aquellas personas que reúnen una determinada condición, porque el postulado defendido por ese fiscal llevaría por ejemplo que quien conviva con un medico o una medica, si fallece el estado no tendría responsabilidad alguna, porque su salud ya estaría suficientemente cuidada por su pareja. Y si es con un bombero/a las instituciones estarían eximidas de responsabilidad su casa se le quema.

No debería ser posible que en una sociedad evolucionada se dieran los errores judiciales que últimamente se están viendo en la sociedad española. Parece ilógico que con los avances tecnológicos e informáticos, los juzgados puedan dejar más de un año en prisión a una persona que ha cumplido ya su condena, o que no esté en prisión un pederasta que debería estar. La modernización de la justicia es de una necesidad urgente, para que casos como estos no se vuelva a producir, a la vez que los órganos de gobierno de la justicia tienen que ser más contundente con aquellos miembros de la judicatura que no cumplen con sus obligaciones o que sus decisiones, en lugar de dar justicia lo que provocan es lo contrario, situaciones de injusticia que luego son difíciles de reparar.

Esperemos que, la vista de esta situación, sirva de revulsivo al nuevo gobierno para enfrentarse de una vez a una reforma judicial que ponga su énfasis en la agilización y la eficiencia de la justicia.

Salud, República y Socialismo.