Los desahucios si tienen solución, en Andalucía.

Mientras en el parlamento español se inicia la tramitación de la ILP por la dación en pago y el Partido Popular pone todo su empeño en descafeinar una ILP que resolvería el problema de los desahucios en España, en Andalucía mañana entra en vigor un decreto que trata de poner fin a esa lacra social.

Esta visto que ni todos los políticos son iguales ni todas las formas de hacer política tampoco. Mientras el Partido Popular pretende modificar la ley hipotecaria de manera que los bancos y las inmobiliarias sigan conservando sus privilegios, en Andalucía  el gobierno de coalición PSOE – IU hace lo contrario, defender a las personas y eliminar los privilegio de bancos e inmobiliarias.

En cumplimiento del pacto de gobierno en Andalucía, Izquierda Unida a través de la consejera de vivienda Elena Cortes ha elaborado un decreto, que entrará en vigor mañana jueves, por el que se podrán expropiar viviendas por un plazo de tres años en los casos de familias que vayan a ser desahuciadas y en las que concurran circunstancias en las que su salida del domicilio suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica. La expropiación conllevará una indemnización de 2% del valor de la vivienda. Así mismo se podrá multar con hasta 9.000 euros a bancos y entidades inmobiliarias que no saquen su parque de viviendas al mercado de alquiler.

Para resolver determinados problemas, como este de la vivienda y los desahucios,  a veces solo hace falta voluntad política y eso es  lo que se ha expresado en Andalucía con este decreto, solucionar el problema de los desahucios y de la falta de acceso a una vivienda digna por muchos andaluces. De hecho con el decreto se pasa de concepto de vivienda como mercancía a vivienda como derecho. El derecho al acceso a un vivienda digna es un derecho constitucional y los poderes público tienen el derecho de garantizar es derecho, pero hasta ahora los sucesivos gobierno solo se habían preocupado de garantizar el derecho de los bancos y de las inmobiliarias permitiendo abusos que ahora la UE ha puesto en la ilegalidad.

Cuando en Andalucía existen entre 700.000 y un millón de viviendas vacías, no parece decente que muchos andaluces no tengan acceso a una vivienda digna y eso es lo que se pretende con el decreto, posibilitar el acceso aun vivienda e incrementar el parque de viviendas en alquiler, lo que haría bajar el precio de los alquileres.

El camino no va a ser fácil porque los bancos y la inmobiliarias no lo van a facilitar. Ya los medios de la caverna mediática se han lanzado contra la expropiación temporal de las viviendas, acusando de intervencionismo al gobierno andaluz. Se critica la intervención cuando se trata de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mas desfavorecidos, pero se aplaude cuando se interviene para salvar a bancos y entidades financieras con el dinero de todos los españoles.

El gobierno del P.P. que interviene para salvar a los bancos dice que va a estudiar el decreto para garantizar la constitucionalidad del mismo, lo que significa que con toda seguridad plantearán recurso de anticonstitucionalidad. No importa que luego el Tribunal Constitucional acabe dando la razón a la Junta de Andalucía, como ocurrió con las expropiaciones de las fincas infraexplotadas. De lo que se trata es de seguir  protegiendo a los responsables de la crisis económica y de retrasar al máximo la aplicación de políticas progresistas que mejoren la calidad de vida de los españoles y en este caso de los andaluces.

Lo que queda demostrado es que es posible otro tipo de políticas distintas a los recortes impuestos por la troika y aceptados sin rechistar por los gobiernos de turno de España. Y se evidencia que cuando una organización como Izquierda Unida entra en un gobierno no es para hacer la política que satisface a los poderosos, sino para hacer las políticas que necesitan los más desfavorecidos.

Es posible otra política, es posible otra salida  a la crisis económica, solo hace falta la voluntad política de llevarlo a cabo.

Salud, República y Socialismo.