Es necesario modificar la ley de incompatibilidades

Cada día vemos como el trasvase entre lo público y lo privado se ejerce con más descaro. La llamada puerta giratoria entre y lo publico y lo privado se está convirtiendo en una gran puerta abierta o en un inmenso vaso comunicante porque el que transitan los ex altos cargos públicos del estado.

Porque bajo la excusa de  la legalidad vemos como ex presidentes ocupan sillones de los consejos de administración de las eléctricas, cobrando millonarios sueldos, y a la vez continúan percibiendo indemnizaciones como ex altos cargos. Lo mismo ocurre con ex ministros que pasan a ocupar puestos en los consejos de administración de las grandes empresas españolas o colocados en puestos para los que su único merito es su estatus de ex. La sombra de la duda se cierne sobre ellos cuando se comprueba que muchas de esas empresas se han beneficiado de la acción política de los gobiernos de los que han formado parte. Pero eso sí, todo ello con la cobertura legal de la ley de incompatibilidades.

Otro tanto ocurre con los exconsejeros de las comunidades autónomas, que muchos de ellos acaban en las empresas relacionas con los cargos públicos desempeñados. Los casos de Güemes y Lamela, ambos ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, son un exponente claro de estas prácticas.

Inilabs, la empresa de la que era consejero Güemes, se hace con los análisis clínicos que el propio Güemes había privatizado antes. Lamela es miembro del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo en Aranjuez por una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años. Todo ello perfectamente legal de acuerdo con la ley de incompatibilidades.

Será legal pero no parece que sea ético. Porque todo parece que es la consecuencia de un plan orquestado. Primero se deteriora la sanidad pública mediante los recortes en el gasto público sanitario, con lo que se crea artificialmente la necesidad de la sanidad privada y de esta manera hacerla rentable. A continuación se privatizan los sectores mas rentables de la sanidad pública y después ¡que casualidad! aparece la relación de los excargos públicos con las empresas beneficiadas de las privatizaciones.

Si la legislación vigente permite extrañas conexiones entre lo público y lo privado es necesario cambiar la legislación, no para eliminar la posibilidad de que los ex altos cargos puedan ejercer la actividad privada, si no para evitar que se utilice lo público como plataforma para acceder a lo privado. Aunque no parece que los grandes partidos estén interesados en estos cambios, dado que en ambos casos se benefician de la actual legislación.

Salud, República y Socialismo.