Nueva vuelta de tuerca

Esta semana se ha iniciado el tramite parlamentario de la Reforma Laboral en el Senado. Allí se van a debatir cerca de 300 enmiendas al proyecto de ley salido del Congreso.

Y como ya nos tiene acostumbrados, el PSOE va a dar una nueva vuelta de tuerca a los derechos de los trabajadores. En esta ocasión el ataque va con la prestación por desempleo. El Gobierno pretende reducir de 100 a 30 días el periodo de gracia que tiene los parados para rechazar ofertas de empleo.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, considera “razonable” que a una persona que no acepte ni formación, ni itinerarios ni ofertas laborales se le niegue la prestación por desempleo. Corbacho continua argumentando que "No parece razonable, si queremos en un futuro ir a potenciar las políticas activas de empleo, que haya periodos largos en los que una persona no tenga que aceptar una oferta de trabajo si se produce".

Lo que debería parecerle razonable al Ministro y al Gobierno es que primero se potencien las políticas activas de empleo, se mejore el INEN como elemento de canalización de la contratación y el empleo, y que los Servicios Públicos de Empleo se modernicen y se pongan a la altura de sus homólogos europeos, donde para empezar el ratio de funcionarios por cada desempleado es mucho mayor que en España. Cuando de verdad los Servicios Públicos de Empleo sirvan para la búsqueda de empleo a los desempleado y cuando de verdad esos servicios sirvan para reciclar de manera adecuada a los desempleados  cuya empleabilidad haya quedado obsoleta, entonces se podría prensa en sancionar a los desempleados que no acepten ofertas de trabajo o actividades formativas.

Pero este Gobierno solo piensa en como ahorrar costes sociales, primero se sanciona y posteriormente se promete intentar mejorar los Servicios Públicos de Empleo. Una política que solo favorece a la patronal  pues con ella lo que esta propiciando el Gobierno es presionar a la baja las condiciones salariales y laborales de los trabajadores, porque ante la posibilidad de perder la prestación, los trabajadores, pueden estar siendo obligados a aceptar ofertas de trabajo inadecuadas a su preparación y en condiciones altamente precarias. El gobierno con esta propuesta no hace sino propiciar el deterioro de las condiciones salariales y laborales de los trabajadores.

¿Alguien en su sano juicio piensa que con cuatro millones de parados un desempleado desea rechazar una oferta de trabajo? Cuando esto se produce es que la oferta no cubra la más mínima condición para poder ser aceptada, porque quizás sea más rentable seguir cobrando el desempleo que trabajar por menos dinero.  Muchos desempleados tienen la tremenda necesidad de complementar la prestación con un trabajo sumergido, porque las necesidades familiares no se cubren con la prestación. Y el gobierno en lugar de levantar y perseguir esa economía sumergida, de la que solo es responsable el empresario sin escrúpulos, pretende perseguir al eslabón más débil: el desempleado.

Al final llega uno a la conclusión de que tanta torpeza no es sino una estrategia calculada para salir de la crisis a costa de lo que sea y el gobierno ha elegido que sea a costa de los más desfavorecidos y a costa de deteriorar aún más el mercado laboral. Y mientras la derecha mondándose de risa viendo como otros hacen su política y de paso se llevan las hostias de los sindicatos y los trabajadores.

Salud, República y Socialismo.