¿Estamos en el punto de inflexión?

Hasta ahora todo parecía firmeza, el sistema es seguro, las prestaciones están garantizadas, no son necesarias las reformas urgentes,… pero de repente Corbacho, Ministro de Trabajo lanza la bomba: es necesario alargar la vida laboral al máximo legal de 65 para pagar las pensiones.

El actual sistema de pensiones está basado en la solidaridad, es decir los activos cotizan para pagar las pensiones de los jubilados, por lo que es un sistema bueno cuando la relación entre activos y jubilados es elevada, pero cuando empiezan a disminuir el número de activos e incrementarse el de los jubilados, el sistema empieza a crujir. Cuando esto ocurre los teóricos del liberalismo anuncian su vieja receta: aumentar la vida laboral, alargar el periodo de cotización para tener derecho a una pensión o reducir la cuantía de la pensión.

Quienes esto piensan seguramente lo están haciendo desde la perspectiva de tener asegurada una buen pensión, no piensan en que muchos de los que están próximos a acceder a una jubilación anticipada o están en situación de prejubilación tienen, tenemos, muchos años de cotización sobre sus/nuestras espaldas. Se criminaliza las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas como si fueran las causantes de los males del sistema de pensiones español.

Quienes tienen derecho a la jubilación anticipada, lo son porque son cotizantes desde antes del 31 de diciembre de 1966, con lo que en la mayoría de los casos tienen más de 40 años de cotización sobre sus espaldas. Además no anticipan su jubilación de manera gratuita, estos tienen que pagar un peaje de entre un 6 a un 8% de la base reguladora por cada año que anticipen su jubilación, en función de los años de cotización. Lo mismo ocurre con las prejubilaciones, pero con la salvedad de que hasta que se accede a la jubilación anticipada es la empresa la que paga la prestación/salario del trabajador, no el estado; salvo los dos primeros años que se cobra la prestación por desempleo, máximo en torno a los 1.000 euros mensuales. Por tanto no se puede argumentar que las prejubilaciones son una carga para el estado, dado que si no hubiera prejubilaciones seguramente habría ERE´s con despidos. Y esos si que tienen un coste económico y social para el estado.

Y no es cierto que a las empresas les salga más barato las prejubilaciones que los despidos, les sale más barato socialmente, porque se evita la conflictividad social, sobre todo si son voluntarias. Un trabajador despedido por un ERE recibe una indemnización de un máximo de 42 meses de salario regulador, más la prestación por desempleo correspondiente. Poniendo el ejemplo tan manido de Telefónica de España SAU, un trabajador con 52 años recibe el 70% del salario regulador por 15 mensualidades por 9 años y el 34% durante 4 años; el decir el 70% de 15 por 9 mas el 34% de 15 por 4 en total 94,5 más 20,4 mensualidades, en total 114,9 mensualidades. De este importe se detrae lo que el trabajador recibe como prestación por desempleo. Además la empresa paga el concierto especial con la Seguridad Social hasta los 61 años, por lo que el trabajador continua cotizando como si estuviera en activo.

Con esto no quiero defender los procesos de prejubilaciones, pero si que ante una necesidad de ajuste de plantilla, es una opción no traumática para el trabajador, que permite salvar empresas y en muchos casos el acceso de jóvenes a un empleo que en otras circunstancias no podrían hacerlo.

Volviendo al tema de las pensiones. Dice ahora Corbacho que es necesario alargar la vida laboral al máximo legal de 65 para pagar las pensiones. Pero olvida que quien adelanta su jubilación penaliza su pensión por efecto de los coeficientes reductores, además solo los cotizantes de antes del 31 de diciembre de 1966 pueden adelantar su jubilación y cada día son menos las personas en activo que cuentan con esta condición, por lo que muy pronto desaparecerá esa posibilidad. Por otro lado los trabajadores que anticipan su jubilación por efecto de un ERE, no lo son de manera voluntaria sino por la situación económica del país, por lo tanto la culpa es del sistema y es el sistema el que debería dar solución y no penalizar a quienes no tienen responsabilidad de la situación de las empresas. Son las empresas y el estado con sus políticas económicas los responsables de ese déficit, por lo que ellos, estado y empresas, los que deberían hacer frente al citado déficit. Los trabajadores cuando se jubilan anticipadamente ya pagan su peaje en forma de coeficientes reductores.

Es un problema en todo caso de cotizaciones. Y los empresarios ya se sabe no paran de exigir reducción de cotizaciones sociales, porque son conscientes de que eso les beneficia y por otro lado deteriora el sistema publico de pensiones, con lo que los trabajadores se ven abocados a acudir a los fondos de pensiones privados y eso es negocio para los empresarios.

La solidaridad en que está basado nuestro sistema de pensiones, no puede ser a cargo de los trabajadores, no es justo que un trabajador que ha cotizado toda su vida laboral, luego vea recortada su pensión porque hay un déficit de cotizaciones, muchas veces ocasionado por las situaciones de crisis económicas. El estado debe garantizar la pensión a quienes tienen años de cotización suficiente y garantizar la solidaridad a través de los impuestos a los que no han podido completar suficientes años de cotización.

Esperemos que estas declaraciones de Corbacho no signifiquen un punto de inflexión en la teoría de Zapatero de que la salida a la crisis tiene que ser social o no será.

Salud, República y Socialismo.