Vergüenza nacional.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado lo que verdaderamente es: el defensor de los intereses de una casta profesional, en lugar de lo que debería ser: el vigilante de que la justicia sea justa.

No ha habido sorpresas, todas las previas declaraciones en torno a hipotéticas presiones, de las que ellos aseguraban no se iban a sentir aludidos, era solo un aviso de que iba a funcionar el más vergonzoso corporativismo en defensa de una casta privilegiada y que se cree que está por encima del resto de los mortales, dado que ellos pueden decidir en función de sus buenas o malas interpretaciones de las leyes, el destino de las personas que se ven obligadas a acudir a la justicia para solucionar sus litigios.

Es una vergüenza que una negligencia con resultado de asesinato se haya saldado con una simple multa de 1.500 € y lo peor es que de esa vergüenza han participado los jueces conservadores y una parte de los que se denominan progresistas, Tan conservadores son los unos como los otros cuando se enrocan en el corporativismo para defender a un compañero de profesión.

Y la responsabilidad de esta situación es exclusivamente de aquellos que eligieron al actual CGPJ. Nos vendieron una imagen de profesionales objetivos cuando solo eran representantes de una casta cuyo objetivo es defender sus privilegios. Y la mayor responsabilidad la tiene el PSOE al proponer con Presidente del CGPJ a una persona tan conservadora como Carlos Dívar, un católico integrista próximo al ultraconservador Rouco Varela, y que lo primero que hizo al ser designado fue arrodillarse ante el responsable de la iglesia católica española. Y no lo digo como una ofensa, cada cual es libre de tener las creencias que quiera, pero es de una candidez supina pensar que esas creencias no van a mediatizar las decisiones que uno toma. Este juez con esa actitud demuestra a las claras que comulga totalmente con las retrógradas ideas de Monseñor Rouco Varela. Y ese fue el error del PSOE, poner al frente del CGPJ a una persona de dudosa objetividad, y que era y es, además, Presidente del Tribunal Supremo; cargo al que se agarra ahora para no dar explicaciones al Parlamento, órgano que le eligió.

Y ahora cuando ante tamaña ignominia se pretende, desde el Gobierno, endurecer el régimen disciplinario judicial, ponen el grito en el cielo, demostrando lo que son y lo que quieren seguir siendo, una casta privilegiada luchando por el mantenimiento de sus privilegios. Y lo primero que debería cambia es el órgano que juzga las infracciones de los jueces, no pueden ser lo propios jueces los que decidan sobre lo presuntos errores cometidos por los jueces. No se puede ser juez y parte. El Gobierno debe ser inflexible en este tema, la dignidad de las personas es lo que está en juego y no el corporativismo de unos privilegiados. Y esperemos que el rechazo del P.P. a la actitud del CGPJ no sea solo puro oportunismo y de verdad apoye al PSOE en el intento de cambiar el estatus de la casta judicial. El PSOE le debe una a la ciudadanía española.


Salud, República y Socialismo.