En estos momento en que parece que se recrudecen algunos movimientos huelguísticos en la sociedad, desde la derecha, alguna voces se alzan voces contra el derecho de los trabajadores a defender sus intereses a través de este medio de acción sindical.
Filosofan esta estrategia argumentando que colisionan con los derechos de los usuarios y el conjunto de los ciudadanos. Y olvidan, que este es un derecho constitucional, como otros muchos, que hemos conquistado los ciudadanos y trabajadores, precisamente a través de la propia huelga. Y cuando se quedan sin argumentos sacan la coletilla de las motivaciones políticas de las huelgas, pretendiendo denostar un método de lucha legal para conseguir mejoras salariales y sociales. Y lo cierto es que a nadie debería asustarle la conceptuación de política a esta acción de los trabajadores. Por que en la vida todo es política, desde el precio del transporte, hasta la calidad de la sanidad. Si desde un gobierno, sea estatal o autonómico se imponen condiciones o limitaciones a las pensiones, los salarios, se restringen derechos, etc.; se esta haciendo política y cuando los trabajadores recurren a la huelga para defenderse de esas agresiones también están haciendo política, ¿entonces de que nos asustamos? La huelga es un derecho como lo es la posibilidad de interrupción del embarazo. Y del mismo modo que ninguna mujer usa de ese derecho de manera alegre, sino en caso de extrema necesidad, los trabajadores recurren a la huelga como última salida para la defensa de sus intereses. Ningún trabajador va a la huelga como quien va a una fiesta. Cuando la patronal o el Gobierno se enroca y no da salida a legítimas reivindicaciones de los trabajadores, a estos no les queda otro recurso que la huelga. ¿O es que alguien piensa que el problema es por la falta de argumentos, lo que hace que la patronal o el gobierno, no atiendan legítimas reivindicaciones? Nadie, si no se ve forzado a hacer concesiones, las hará por libre voluntad y menos esta patronal troglodita existente en España. ¿Es que es procedente que cuando se están dando lo índices de beneficios de las empresas de nuestro país, estas se resistan numantinamente a posibilitar unos salarios dignos y unas condiciones de trabajo adecuadas y seguras?
En España no existe norma legal que regule el ejercicio del derecho a la huelga, y este vacío provoca grandes abusos de patronales y gobiernos, sobre todo en la designación de los servicios mínimos. Unos servicios mínimos que son recurridos ante los tribunales y que en numerosas ocasiones han decretado su carácter abusivo, pero que no sirve absolutamente para nada, porque llega cuando el conflicto ya se ha solucionado. Si un trabajador se salta los servicios mínimos abusivos, dictados por una empresa o gobierno, puede ser despedido. Sin embargo cuando la patronal o el gobierno decretan servicios mínimos abusivos y los tribunales lo reconocen, se van de rositas. Y tampoco hay que dramatizar con la existencia de servicios mínimos o no. Por poner un ejemplo en Alemania no existen los servicios mínimos, al menos en el trasporte, y no pasa absolutamente nada. Los ciudadanos entienden que es un derecho constitucional y lo asumen de manera normal, por que una vez una persona es usuario de un servicio público y otras veces esa misma persona es un trabajador que necesita forzar la llegada a un acuerdo con su empresa mediante el uso de la huelga y no le gustaría que nadie le limite su derecho a defenderse de los abusos de una patronal o el gobierno.
Otra cosa es el abuso que en determinadas y escasas ocasiones se pueda hacer del derecho a la huelga. Los sindicatos tienen que ser responsables en el ejercicio de este derecho de los trabajadores. Un ejemplo el actual conflicto de los funcionarios de Justicia, a mi modo de entender, es un claro ejemplo de cómo no se debe administrar un conflicto. Hace unos días los sindicatos llegan a un preacuerdo con la administración, con la condición de pasarlo a referendo de los trabajadores. Hasta hay todo correcto. Lo anómalo viene cuando estos sindicatos, en lugar de defender el preacuerdo, que ellos han llegado con la administración, se ponen en contra de él y en lugar de defenderlo piden su rechazo ante los trabajadores. Eso no es coherente. Si desde el ámbito sindical se le exige buena fe en la negociación a la patronal o a la administración, esa misma buena fe es exigible también a los sindicatos. Porque ¿de que sirve llegar a un preacuerdo si se tiene intención pedir su rechazo a los trabajadores? ¿Alguien se piensa que a partir de ahora la Administración se va a fiar de un posible acuerdo con los sindicatos? Otra cosa es que los sindicatos hubieran defendido el preacuerdo ante los trabajadores y éstos legítimamente rechazaran el mismo. La credibilidad de los sindicatos, en este caso, ha quedado debilitada.
En definitiva la huelga es un legitimo derecho de los trabajadores, que, estos y sus sindicatos, usan la inmensa mayoría de la veces con responsabilidad y que muchas veces es la patronal y los gobierno quienes son responsables de la crispación laboral, por la imposiciones servicios mínimos abusivos o el intento de imponer condiciones salarias y laborales draconianas a los trabajadores.
Salud, República y Socialismo.
