Independientemente de quienes sean sus votantes algunas organizaciones políticas solo defiende los interés de un grupo social determinado. Y lo que está claro es que el Partido Popular no defiende a sus electorales, si no al grupo minoritario que le financia: los poderosos.
En estos días ha aparecido un informe de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, en el que se concluye con la consideración de que el gobierno introduce un sesgo ideológico en la persecución del fraude en el trabajo. Su objetivo no es otro que criminalizar a los trabajadores y acusarles de que son los verdaderos responsables del fraude en el mercado laboral y por ende a las arcas del estado.
Según este sindicato nada más lejos de la realidad. La UPIT señala que los más de 500.000 controles de empleo que se hicieron el año pasado sólo han dado con 11.689 casos
de personas que compatibilicen prestación y trabajo (una tasa de éxito
del 2%). Unas cifras que contrastan con las actuaciones realizadas en
materia de tiempo de trabajo: aunque se hicieron muchísimas menos
investigaciones (sólo 14.097), se hallaron casos de fraude en el 40% de
ellas.
Pero en todo caso el fraude en la contratación existe porque hay un empresarios que se niegan a realizar contratos laborales. Si los empresarios actuaran acorde con la ley este tipo de fraude no existiría. Es al empresario a quien hay que perseguir y no al trabajador. Este es en todo caso una victima de un sistema injusto que es permisible con la mala praxis de unos empresarios que se benefician de la explotación de los trabajadores. No obstante este tipo de fraude, según la UPIT, solo afecta al 0,4% de los beneficiarios de prestaciones por desempleo.
El problema es que el gobierno, el PP, no está interesado es perseguir la explotación y la precariedad laboral. Al gobierno solo le interesa maquillar las cifras del paro, por eso hace la vista gorda a la constante destrucción de empleo fijo a tiempo completo y su transformación en contratos temporales a tiempo parcial. Con esta transformación lo que se pretende es que la cifra de parados disminuya de manera artificial, dado que se da la misma categoría a un contrato de 40 horas semanales que 4 de 10 horas. Un puesto de trabajo se transforma en 4. A continuación viene el fraude de obligar al trabajador a extender su jornada laboral por encima de los pactado en el contrato. Precariedad y explotación laboral es lo que propicia el P.P. con su reforma laboral.
Criminalizar a los trabajadores con falsas acusaciones de fraude laboral no es nada nuevo en este PP que sufrimos. Hace ya meses la Vicepresidente del Gobierno y la Ministra del Desempleo ya salieron con la cantinera de que se había descubierto una enorme bolsa de fraude laboral entre los desempleados. El tal fraude era simplemente, en la mayoría de los caso, irregularidades administrativas que no tenían nada que ver con fraude en las prestaciones del desempleo. Pero claro la mentira allí quedó porque jamas desmintieron ni aclararon en que consistía ese presunto fraude.
El verdadero fraude no esta entre los trabajadores que cobran una prestación y trabajan sin contrato, sino que se encuentra entre los empresario que no dan de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores. Esos incurren en un triple fraude, uno a las arcas del estado porque no cotizan por esos trabajadores, otro a la legislación laboral por no formalizar un contrato laboral y un tercero hacia los empresarios que cumplen con sus obligaciones laborales y se ven obligados a competir en situación desigual frente a esta escoria que solo pretende maximizar el beneficio explotando a trabajadores que se ven en la disyuntiva de trabajar en negro o no alimentar a su familia.
Salud, República y Socialismo
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