Cumpliendo el mandato de la Merkel, el gobierno del Partido Popular se apresta a llevar a cabo el enésimo recorte desde que ganaron la pasadas elecciones generales, el de las pensiones públicas.
Para justificarlo la ministra de Empleo Fátima Bañez, cuyo único proyecto para luchar contra el desempleo es encomendarse a la virgen del Rocío, encomendó a “un comité de sabios, un informe sobre la sostenibilidad de las pensiones. Un comité de sabio que en su mayoría no es otra cosa que un comité para la liquidación de las pensiones públicas.
Esto es así porque de los doce miembros de ese comité, 8 de ellos tienen intereses en los grandes bancos o compañías aseguradoras. Es como poner la zorra al cuidado de las gallinas. Estos 8 miembros están relacionados con instituciones como Fundación Caixa Galicia, UNESPA (la patronal del seguro), gabinete de estudios del BBVA, Instituto de la aseguradora Aviva sobre Pensiones y Ahorro, que defiende incrementar los planes de pensiones privados, aseguradora Mafre, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Grupo de Investigación de Riesgo en Finanzas y Seguros, Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), defensora a ultranza de los recortes del gasto público, Fundación Ramón Areces, vinculada al P.P. o la Fundación Edad y Vida, que reúne en su patronato a las mayores aseguradores del país –DKV, Caser, VidaCaixa, ...-. Tan solo 3 de los 12 miembros son abiertos defensores de la las pensiones públicas.
Con este panorama no es complicado deducir cual va a ser el sesgo del informe ese “comité de sabios”que más bien podría llamarse comité para el desmantelamiento de las pensiones públicas. Ya han avanzado sus posibles conclusiones para conseguir la sostenibilidad de las pensiones y estas confirman las peores sospechas, una para calcular la cuantía de las nuevas pensiones teniendo en cuenta la esperanza de vida y otra para ligar la actualización anual de las prestaciones a la salud de las cuentas de la Seguridad Social desvinculándolo de la marcha de los precios.
Ambas cuestiones solo inciden en una tesis, para conseguir la estabilidad de las pensiones es obligatorio implementar un nuevo y gran recorte a su cuantía. Además se asientan en principios injustos y discriminatorios. Se justifica ligar el calculo de la pensión a la esperanza de vida, cuando esta no es la única variable que influye en su sostenibilidad. En un sistema de reparto, como el español, hay otras variables como las cotizaciones, la demografía, el número de empleado activos y el salario de los mismos.
Incrementar las cotizaciones hace más sostenible las pensiones, por lo que entra en contradicción con la permanente reivindicación de la patronal para bajar las mismas. La población que hoy se está jubilando procede de épocas donde la tasa de nacimientos era elevada, pero con las próximas generaciones, con una baja tasa de natalidad, se producirá el efecto contrario, habrá mayor numero de pensionistas que salgan del sistema que el que entre. En la actualidad la relación entre activos y pasivos es inferior a dos activos par cada pensionista, pero esta situación tendrá que irse revertiendo en cuanto la situación económica mejore y crezca el número de empleado activos. Y por último los salarios. La crisis económica esta tirando a la baja los salarios, con los que los ingresos por cotizaciones disminuyen también. Si se posibilitara lo contrario los ingresos se incrementarían y con ello la sostenibilidad del sistema.
Ligar la revalorización de las pensiones a un factor distinto al de la evolución de los precios, tal como se acordó en el Pacto de Toledo, es simplemente condenarlas a su perdida de poder adquisitivo. Es injusto e insolidario porque los pensionistas no tienen el poder de presión sobre su pagador al igual que lo tienen los trabajadores en activo y porque cuando se determina la cuantía de la pensión ya se hace teniendo en cuenta las cotizaciones del trabajador y los años cotizados por este, por lo que es totalmente injusto que después año a año se les haga un nuevo recorte que puede terminar conduciendo el valor de la pensión a un valor residual que no garantice las necesidades mínimas de una persona.
Entonces ¿por que no se tienen en cuenta también estas variables para hace sostenibles las pensiones? Muy simple, la mayoría de ese comité de sabios defienden los intereses de los grandes bancos y aseguradoras y la única manera de hacer viables las pensiones privadas es degradando las pensiones públicas. Y este gobierno aceptará como dogma la conclusiones de la mayoría del comité porque también este representa a los poderosos y tiene como máxima hacer negocio de cualquier servicio público que sea susceptible de ello, sin importarle las consecuencias nefastas para la ciudadanía. Y si no nos movilizamos, lo conseguirán.
Salud, República y Socialismo.