De derrota en derrota hasta el desastre final

No parece que al partido Popular le este yendo bien su estrategia de judicializar la política, en pocos días dos reveses, e caso del Severo Ochoa y la Ley de Igualdad; y a estos hay que añadir al menos el caso Bono. Esa perversa estrategia al final se les esta volviendo en contra.

Ayer se conoció la sentencia por la que se decreta la constitucionalidad de la Ley de Igualdad, una ley que el P.P. había recurrido ante el Tribunal Constitucional. Por fin se reconoce la constitucional de la discriminación positiva en la elaboración de las listas electorales, además de otros importantes aspectos como el permiso de paternidad y la obligación de mayores cuotas de acceso a los Consejos de Administración de las empresas para las mujeres.

El P.P. con su hipocresía habitual estimaba que no era necesaria la discriminación positiva para posibilitar que la mujer tuviera acceso a mayores parcelas de poder; que la mujer al igual que el hombre está en las listas electorales y en los Consejos de Administración no por cuotas sino por su propia valía. Esa simplista teoría chocaba con la tozuda realidad de los muchos condicionantes que limitaban la participación de la mujer en la política y en el mundo empresarial. Desde el hecho cultural, hasta la propia maternidad, pasando por la resistencia de los varones a ser despojados de un poder que durante siglos ha sido monopolizado por ellos; ha hecho que la situación de inferioridad de la mujer a la hora de competir por un cargo político o un puesto directivo en una empresa, sea un hecho evidentemente manifiesto.

Se piensan los machistas señores y señoras del P.P. que sin la influencia de la Ley de Igualdad, tras las pasadas elecciones municipales y autonómicas hubiera podido haber mas de dos mil cargos más, que en la anterior legislatura, ocupados por mujeres. El verdadero problema de todo esto es la concepción que, en el fondo, tiene el P.P. del papel que la mujer tiene que tener en la sociedad, en el hogar y en la empresa; y este lo quieran o no reconocer es solamente un papel subsidiario de la mujer con respecto al hombre.

El Tribunal Constitucional ha aprobado su resolución con dos votos en contra, lo que parece que viene a significar que en el alto tribunal están ya más que hartos de la permanente politización de la justicia que ha estado promoviendo el P.P. durante esta legislatura que acaba. Y quedan otros recursos, como el del Estatuto de Cataluña o la Ley de Matrimonios Homosexuales, que podrían seguir el mismo camino. Sería bueno que así fuera para que el P.P. entendiera que la separación de poderes debiera ser un principio incuestionable en el ordenamiento jurídico español.

Como decía al principio este no es el único varapalo judicial que ha recibido el P.P. Está el sufrido hace unos días con respecto al caso del Hospital Severo Ochoa, en el que nadie, en el P.P., parece que tenga responsabilidad alguna. Y mientras el Sr. Beteta en un acto de desfachatez sublime exige responsabilidades por el incidente de ayer en el Metro de Madrid. Que hay que pedirla, pero hay que ser deshonesto para estar exigiendo permanentemente responsabilidades políticas al contrario pero negarlas cuando le corresponden darlas a uno.

Y no olvidemos el caso Bono en el que la Espe-rancia acusó, la actuación de la policía, de prácticas propias de la GESTAPO, cuando los tribunales al final acreditaron la correcta actuación de los policías que actuaron en el intento de agresión de Bono. En ese caso tampoco hubo rectificación ni dieron responsabilidades políticas, aunque ellos si que las pidieron.

El tiempo al final pone a cada cual en su sitio. Y el sitio del P.P. es el repudio político.

Salud, República y Socialismo.