El estado contra el sindicalismo y la libertad sindical

Estamos asistiendo a un verdadero ataque del estado al sindicalismo y la libertad sindical. Un hecho que se manifiesta desde la llegada al poder del Partido Popular. La fiscalía del estado es el brazo armado del P.P. contra el sindicalismo y el derecho constitucional a la huelga.

Desde la huelga del 29S la cruzada popular contra sindicalistas y trabajadores en el ejercicio del derecho a la huelga, está adquiriendo tintes verdaderamente alarmantes. Participar en un piquete informativo se está convirtiendo en un derecho de alto riesgo. Solamente de sindicalistas de CC.OO hay abiertos unos 40 procedimientos que afectan a más de 150 sindicalistas. El más dramático el incoado a los 8 de AIRBUS, al que el fiscal pide 8 años de cárcel para cada uno.

 

En algunos casos ya hay sentencia. Todas ellas escandalosas, por la pena impuesta por la acción de la que se les acusa. En Granada dos activistas del 15M, Carmen y Carlos, han sido condenados a 3 años de prisión por participar en un piquete informativo en la huelga general del 29S. La única prueba la declaración de la dueña del local donde entró el piquete informativo.

A Katiana Vicens, secretaria general de CCOO de Baleares, se le piden 4 años de prisión por un presunto delito de vulneración de los derechos de los trabajadores por su participación, también, en la huelga general del 29S. Su presunto grave delito romper una luna de un autobús y coaccionar al conductor del mismo. Ella niega los hechos.

Tamara y Ana han sido condenadas a 3 años de prisión por la Audiencia Provincial de Pontevedra a 3 años de prisión por los hechos ocurridos en 2010, en una huelga de las instalaciones deportivas. El presunto delito arrojar un bote de pintura en una piscina ocasionando daños por valor de 400 euros y manchar el traje del gerente por valor de 125 euros. Nadie identificó a los autores del gravísimo delito. Aunque en primera instancia fueron condenadas a 6 meses, la fiscalía recurre y el nuevo juez las condena a 3 años. Se esta recogiendo firmas para solicitar su indulto. 

Mientras el ministerio fiscal actual contra los que ejercen su derecho a la huelga formando parte de un piquete informativo, nada se hace contra las coacciones de los piquetes empresariales. Y estos piquetes si que son violentos y coactivos. Porque ¿Puede haber algo más coactivo y violento que amenazar con el despido si se participa en una huelga general? Todos tenemos conocimiento de amigos o conocidos que no secundaron una huelga porque fueron coaccionados por su patrón. Pero contra esos piquetes la fiscalía mira hacia otro lado.

No se conforma, el, P.P., con limitar el poder sindical con su contrarreforma sindical, quieren amordazar a los trabajadores, silenciar la protesta y meter el miedo en el cuerpo. Solo así es explicable la ofensiva judicial contra sindicalistas y trabajadores que pretenden defenderse de las agresiones del gobierno y patronales. Hay que meter el miedo en el cuerpo a los trabajadores para que no se movilicen contra las políticas de recortes del P.P. ni contra los desmanes de muchos empresarios. El objetivo es criminalizar el constitucional ejercicio de la huelga y así justificar el recorte de este derecho de los trabajadores.

Frente a esta contundente y abusiva aplicación de la ley por parte de muchos jueces, está la flexibilidad y escasas condenas contra los que causaron la crisis económica y se beneficiaron de ella. En estos días se ha reducido la pena de 3 años y medio solicitada por el fiscal a 2 y 1 año de prisión a los cuatro directivos de Caixa Panadés, por comprometerse a devolver los 30 millones de euros de las pólizas de jubilación ilegalmente adjudicadas por ellos mismos. La fiscalía no recurre. Un daño de 550 euros  se paga con 3 años de prisión una estafa de 30 millones con 2 y 1 año de prisión. Unos entrarán en prisión, otros se quedarán tranquilos en sus casas porque son delincuentes de guante blanco. Igualdad ante la ley.

No podemos permanecer impasibles antes este ataque hacia el sindicalismo y los trabajadores, sean estos de CC.OO., de cualquier otro sindicato o simplemente trabajadores que ejercen su derecho constitucional a la huelga, porque si lo hacemos nos quedaremos sin la mejor arma que tenemos los trabajadores para luchar contra los desmanes de gobiernos y patronales. Impedir que estas personas entren en prisión es luchar por un derecho de todos que ha costado muchos sacrificios conquistar y que ahora el gobierno del P.P. nos quiere recortar porque es consciente de su efectividad en la lucha contra sus desmanes los de la patronal.

Salud, República y Socialismo