Con mentiras el gobierno criminaliza a los parados

La desvergüenza de este gobierno no tiene límites. Como están instalados en la mentira desde que ganaron las elecciones, no tienen el menor rubor de seguir utilizándola con el objetivo de criminalizar a los parados y así poder justificar futuros recortes a sus derechos.

En esta ocasión es la Vicepresidenta del gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, quien carga con mentiras contra los parados. Afirma que desde enero de 2012, en la lucha contra el fraude, se han descubierto a 520.000 personas que cobran fraudulentamente la prestación por desempleo. Es decir personas que cobran algún tipo de prestación y que además trabajan y cobran en B. Hay que ver lo que contagia el síndrome Bárcenas.

Pero como se coge antes a un mentiroso que un cojo, las mentiras de la vicepresidenta han tenido un recorrido muy corto. Según los propios datos del ministerio de Empleo las personas que han perdido su prestación en los últimos seis meses son 60.000, y solo una parte pequeña de ellos ha sido por trabajar y cobrar el desempleo a la vez. La mayor parte de ellos fue una suspensión temporal de la presentación por cuestiones administrativas. Según esos mismos datos tan solo se detectaron 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las obtuvieron fraudulentamente, frente a los 4.256 del mismo periodo en 2012.

La propia referencia del Consejo de Ministro, publicada después, confirmaba las mentiras de la vicepresidenta sobre la sanción a esos 520.000 perceptores de prestaciones por desempleo, concretamente 520.572. "La mayoría de estos perceptores han sido sancionados por el incumplimiento de requisitos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones, así como la no renovación de demanda."

Mentiras y más mentiras solo con el objetivo de criminalizar a personas cuyo único delito es ser las víctimas de una crisis de la que ellos no son responsables. Con el objetivo de crear una falsa sensación de que el grueso de fraude en España reside entre los parados y no entre los grandes empresarios y las grandes fortunas. Con el objetivo de ocultar la falta de iniciativas del P.P. en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Y con objetivo último de justificar medidas de recortes de las prestaciones de desempleo y/o la introducción de requisitos mas restrictivos para poder acceder a la prestación.

Y no estamos ante una sospecha, estamos ante una realidad. La propia vicepresidenta afirmaba que se  "reforzarán las medidas y sanciones contra aquellos desempleados que rechacen las ofertas de empleo y contra aquellos falsos parados que están cobrando prestaciones indebidamente". Cuanta dureza contra los mas débiles y cuanta suavidad contra los poderosos, contra quienes son los responsables de la inmensa mayoría del fraude fiscal en el este país, las grandes empresa y las grandes fortunas y contra quienes son responsables del mas del 20% de economía sumergida existente en .España Para ellos solo hay amnistías fiscales para que legalicen su dinero negro y subvenciones y deducciones fiscales para que de manera legal puedan pagar menos impuestos que sus propios trabajadores.

Se sanciona a quienes rechazan una oferta de empleo, aunque este sea un empleo precario, y se mete el miedo en el cuerpo, con amenazas de mayores sanciones, para que los parados sean aún mas dóciles. Para que sirvan a ese objetivo de Mariano Rajoy y del Partido Popular de hacer de España un país de salarios de miseria donde puedan venir inversores extranjeros para explotarnos impunemente y llenarse los bolsillos a manos llenas.

Se sanciona a quienes tienen el "descaro y la indecencia de trabajar en B" mientras cobran la prestación por desempleo. Debería saber la vicepresidenta que ellos/as son también la víctimas de un gobierno que es enormemente permisible con empresarios delincuentes. Porque eso es lo que son aquellos empresario que ofrecen trabajo sin contrato y en condiciones indignas. Ellos son los que defraudan a la Seguridad Social y a la Hacienda pública. Ningún trabajador entra en esa dinámica si no hay un empresario que le ofrece trabajar de manera ilegal. Las exiguas prestaciones y la incapacidad de los servicios públicos de empleo de ofertar puestos de trabajo dignos (El INEN solo controla el 3% de los contratos firmados), es lo que induce a los parados a aceptar ofertas ilegales de trabajo que de otra manera no aceptarían. Son los empresarios los responsables de esta situación, los parados solo son unas víctimas de este sistema injusto. Si la administración castigara de manera ejemplar a estos empresarios desaprensivos, es seguro que la situación se corregiría. Pero como ha dicho antes este gobierno es fuerte y contundente con los débiles y débil y permisivo con los poderosos.

No se puede mirar hacia otro lado en la lucha contra el fraude fiscal y poner el foco en los parados que muchas veces se ven condenados a trabajar de manera ilegal. Pero esto es el Partido Popular, no se puede esperar mucho mas.

Salud, República y Socialismo.