Ahora 1º de mayo

El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se celebra este año en un contexto de profundización de la crisis global, con efectos dramáticos  al haber aumentado la destrucción de empleo, la pobreza y las desigualdades.

Europa atraviesa una gran crisis económica y social, con niveles récord de desempleo: a finales de 2011, eran ya más de 23 millones las personas  que estaban en paro en la UE27, entre ellas 5 millones de jóvenes.

Además, estamos viviendo un ataque generalizado y sistemático contra los derechos laborales y sociales, impulsado desde las instituciones europeas, que está teniendo consecuencias dramáticas especialmente en los países del sur y este de Europa: disminución de salarios y pensiones, pérdida de los derechos laborales y sociales, debilitamiento de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro de las prestaciones y servicios públicos.

Políticas injustas e ineficaces En España, a la pésima situación económica y del empleo (con 5,5 millones de personas en paro, que podrían situarse en los 6 millones a finales de 2012), se suman las reformas laborales y las políticas ineficaces de recortes llevadas a cabo por los Gobiernos socialista y popular. Unas medidas injustas e inútiles que no han servido para frenar la destrucción de puestos de trabajo y sí para aumentar la precariedad laboral.

Tras la alternancia política, resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre, el Gobierno del PP ha iniciado una carrera de drásticos recortes presupuestarios y profundas reformas, entre las que destaca la reforma laboral aprobada sin negociación, ni consulta con las organizaciones sindicales.

Una reforma con claros elementos de inconstitucionalidad,que facilita y abarata el despido, precariza la contratación; desequilibra a favor de la empresa las relaciones laborales, aumenta la desigualdad y discriminación y debilita la negociación colectiva; que vulnera también importantes convenios internaciones de la OIT, y que fue contestada con la huelga general del 29 de marzo, con un alto grado de participación incuestionable, más de 10 millones de trabajadoras y trabajadores, y varios millones de personas manifestándose en las calles de las principales ciudades españolas.

El Gobierno debería escuchar a los millones de personas que han expresado su rechazo a la reforma y a los recortes sociales, y abrir la negociación en relación a las propuestas sindicales presentadas como alternativa al RD para eliminar los aspectos más lesivos de la reforma. Sin embargo, no parece ser esta la línea escogida por el Ejecutivo y así lo ha demostrado con la aprobación de los Presupuestos Generales para 2012 y los recortes en sanidad y educación. Unos presupuestos que generarán menos actividad económica, más paro, una reducción de la calidad y cobertura de los servicios públicos y un debilitamiento de la cohesión social.

En definitiva, más injusticia y más desigualdad, a la vez que se premia a los defraudadores con una amnistía fiscal.

Salud, República y Socialismo