Desde el inicio de la crisis las instituciones europeas, dominadas por la ideología neoliberal y los partidos conservadores, han impuesto una política que se basa exclusivamente en la reducción del déficit en unos plazos imposibles de asumir.
Se ha renunciado expresamente a combinar dichas políticas con otras dirigidas a estimular la actividad económica y a generar empleo, cuando en Europa se ha superado la cifra de los 24,5 millones de personas en paro (en España el paro afecta a 5,5 millones de personas, y puede alcanzar los 6 millones a finales de 2012), y no se ha dudado en forzar cambio normativos para institucionalizar estas políticas bajo la amenaza de sanción para quienes no las cumplan.
En España vimos cómo se procedía a la reforma Constitucional por imposición de la UE y sin que la ciudadanía española pudiese emitir su opinión, y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esta política en todos los terrenos.
En el terreno de los derechos sociales, las políticas de ajuste, que empezaron en mayo de 2010 y que ahora se han intensificado, están suponiendo un grave deterioro de servicios públicos básicos: educación, sanidad, atención a la dependencia,… Al mismo tiempo se incrementan las personas que no perciben ningún tipo de prestación, alcanzándose la cifra de los 2,6 millones. La consecuencia es clara: se deterioran los servicios públicos y con ello la calidad de vida de la ciudadanía, en especial de los sectores más vulnerables de la sociedad: pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes y aumenta la desigualdad, la pobreza y la marginación.
En el terreno político, el ataque a los derechos viene acompañado de un ataque a las libertades y a la calidad de nuestra democracia. La reforma constitucional, los intentos del Gobierno de convertir la jornada de huelga general del pasado 29 de marzo en un problema de orden público (con detenidos que todavía no han salido de la cárcel), los anuncios de endurecimiento de las condiciones para poder convocar movilizaciones ciudadanas, la amenaza de elaborar una ley de huelga, la reforma de la ley del aborto,… son síntomas preocupantes de una involución democrática.
Alguien ha llegado a la conclusión de que nuestra economía no puede competir en el mercado globalizado si no suelta lastre, y entienden por lastre los derechos laborales y sociales. Para poder llevar acabo medidas tan injustas e impopulares deben restringir los derechos e intentar acabar con quienes promovemos la contestación, entre ellos el movimiento sindical.
Los recortes que no cesan
Ahora se han presentado los PGE para el año 2012 y a los dos días se nos anuncia un recorte presupuestario adicional de 10.000 millones en sanidad y educación.
Van a recortar 3.000 millones en educación a base de aumentar el número de alumnos por aula, de reducir las plantillas a través de incrementar la jornada de los docentes, de paralizar la aplicación de determinados ciclos formativos, de incrementar las tasas universitarias,…
En sanidad van a recortar 7.000 millones. Ahora sabemos que se va a imponer el repago de los medicamentos y que por primera vez van a pagar los pensionistas. Con ello pretenden ahorrar en torno a 3.500 millones y no han dicho de dónde van a recortar más para llegar a la cifra total, ¿recortarán en la cartera de servicios?
Las medidas en educación supondrán un deterioro de la calidad de la enseñanza (así lo indican todos lo informes internacionales) que como todas estas medidas se cebarán en los sectores más desfavorecidos de la población, afectando gravemente a la igualdad de oportunidades.
En sanidad las medidas planteadas no sólo son difíciles y costosas de gestionar, sino que pueden suponer que quienes más lo necesitan, los pensionistas con menos ingresos y dolencias más serias, dejen de recurrirá la sanidad aumentando los riesgos para la salud e incrementando los gastos de hospitalización, como ya ha sucedido en los países que las han aplicado. Además, suponen un recorte encubierto de las pensiones, que el Gobierno se había comprometido a no tocar.
Ambas líneas de recortes desbordan los límites de lo asumible. No mejorarán la situación económica y sí representan un retroceso de más de treinta años en la calidad de servicios tan esenciales como la educación y la sanidad.
Ya está bien. Quieren acabar con todo. Con la educación y la sanidad no se juega. Por nuestros niños y niñas, por nuestros jóvenes, por nuestros pensionistas, por nuestro futuro no podemos permanecer impasibles. Estamos obligados a responder.
No podemos ser cómplices silenciosos del mayor retroceso en derechos de nuestra historia.
Salud, República y Socialismo
Hay que luchar. No podemos resignarnos
ResponderEliminarSalud y República
Nunca en mi vida he paseado tanto los domingos, y es que si las cosas no se hacen bien hay que salir y defender nuestros derechos.
ResponderEliminarUn abrazo.
El gobierno sólo escucha a los de fuera, va de prepotente por la mayoría que le otorgaron las urnas, y este año no se debería celebrar el día del trabajo, porque es el día del paro.
ResponderEliminarSALUDOS.