Treinta años de privilegios

Hoy se cumplen treinta años de la ratificación del concordato, firmado por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado vaticano, el cardenal Jean Villot.

Han sido treinta años de privilegios de la iglesia católica, que le ha permitido una permanente intromisión en la vida política y social de la sociedad española. Todavía hoy la iglesia católica ejerce su influencia en las escuelas, los hospitales, las fuerzas armadas, los centros públicos, en los actos oficiales y se la financia con dinero público y todo ello en base a un acuerdo preconstitucional, que debería ser derogado.

La religión es un aspecto exclusivamente privado de la ciudadanía y ese debe ser su ámbito de expresión. Y la misión del estado se debe reducir exclusivamente garantizar la libertad religiosa de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto todo lo demás debe ser eliminado de la vida pública del estado. No es comprensible que la escuela sea el ámbito de desarrollo de una creencia y menos comprensible que el coste de ese proselitismo sea a cargo del estado (de toda la ciudadanía). Es una ofensa y un agravio que en determinados actos oficiales figure elementos propios de una determinada religión o que en cuarteles u hospiles siga habiendo representación de la iglesia católica.

Y que decir de su financiación. ¿Es lógico que en un estado aconfesional, toda la ciudadanía cargue con la financiación de una determinada religión? Porque al fin y al cabo eso es lo que representa el acuerdo de financiación de la iglesia católica, ya que ese dichoso 0,7% no lo pagan directamente cada uno de los ciudadanos que marcan la casilla de financiación de la iglesia católica, sino que se detrae de lo recaudado por Hacienda. ¿Se imaginan Vds. que el gobierno llegara a un acuerdo con CC.OO., sindicato mayoritario en España, por el cual un porcentaje de la masa salarial negociada en cada convenio constituyera la financiación de CC.OO.? Pues es la misma situación. Los sindicatos tienen derecho a que el empresario descuente de la nomina de cada trabajador afiliado el importe de la cuota sindical. Hacerlo directamente de la masa salarial negociada haría que todos los trabajadores de una empresa pagasen solidariamente las cuotas sindicales de los trabajadores afiliados. Pues eso es lo que pasa con el 0,7% de la iglesia católica. ¿Qué diría el P.P. y los empresarios si esto sucediera así?

El panorama no puede ser más decepcionante ya que la próxima reforma de la ley de libertad religiosa solo hará, como mucho, trasladar los privilegios de la iglesia católica a las demás confesiones, con lo que el agravio con los que no profesamos ninguna religión se hará aún mayor.

Treinta años de privilegios son ya suficientes y lo urgente y necesario es la derogación de un acuerdo preconstitucional con la iglesia católica. ¿No ha derogado el Vaticano el acuerdo con el estado italiano por el que las leyes italianas afectaban al estado Vaticano? Eso se ha hecho para protegerse el estado Vaticano ante unas posibles leyes que entrasen en contradicción con el ideario religioso de la iglesia católica. Pues si el estado Vaticano rompe los acuerdos que puede considerar lesivos para si, ¿Qué hay de malo en que un estado derogue un acuerdo que es lesivo para una inmensa mayoría de su ciudadanía? Aunque no nos hagamos ilusiones el PSOE no va a avanzar en la laicidad del estado, le pesa más las consecuencias de un enfrentamiento con la iglesia católica que hacer valer la legalidad de un estado de derecho. A pesar de que tanto la iglesia como el P.P. van a seguir utilizando y utilizándose la iglesia para desgastar el gobierno socialista.

Salud, República y Socialismo.