Ley de plazos, una necesidad inaplazable.

La iglesia católica y sus organizaciones satélites se han lanzado a una campaña contra derechos de las personas que ellos consideran atentan contra su retrograda moral.

El derecho al aborto ha sido una de las conquistas más importante de las mujeres durante el siglo pasado en este país y conseguido en 1985. Aunque en España no existe una ley de Aborto sino una ley de despenalización del aborto en tres supuestos: daños físico o psíquico para la madre, malformación del feto o violación. La inconcreción del primer supuesto es lo que facilita la actual campaña antiabortista.

La iglesia y sus adláteres son incapaces de permitir el derecho a decidir una sexualidad libre para las mujeres y pretenden que su retrograda moral sea la que se imponga a toda la sociedad. Nada obliga a las mujeres de una determinada creencia a someterse a un aborto contra su voluntad, como tampoco es un plato de buen gusto el que una mujer decida someterse a una interrupción de su embarazo como ultima medida ante una situación no deseada. Lo que está es juego es la libertad de decidir de la mujeres sobre su propia sexualidad y el derecho a planificar su maternidad.

Pero ante este tema, como ante otros muchos, estamos en una cuestión de honestidad e hipocresía. Los mismos que en estos momentos lanzan una campaña contra el derecho al aborto, son la parte de la sociedad que ha posibilitado que sus amantes, esposas o hijas puedan interrumpir un embarazo no deseado, incluso cuando no existía la actual ley del aborto.

Por eso ante la inconcreción de la actual ley es necesario que en la próxima legislatura se apruebe un ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la única manera de acabar con esta campaña que hoy se está cebando en la clínicas privadas y en numerosas mujeres que se han visto obligadas a recurrir al recurso del aborto ante un embarazo no deseado. Pero una ley que debe eliminar, a la vez, la hipócrita objeción de conciencia que impide el desarrollo de la ley en los centros públicos, o bien que la nueva ley establezca las medidas necesarias para garantizar su aplicación en los centros sanitarios públicos.

Aunque muy difícil lo tienen las mujeres, con un PSOE, que es incapaz de poner en su sitio a la iglesia católica y que para evitar cualquier fricción elimina de su programa electoral la modificación de la actual ley. La iglesia católica no va a dar marcha a tras en sus ataques, porque se le hagan concesiones. Al contrario, esta falta de firmeza es lo que les hace que cada día su confrontación con el gobierno socialista sea mas contundente. El día que alguien ponga freno a sus privilegios, se darán cuanta de cual es su verdadero sitio en la sociedad. Mientras tanto tendremos que seguir luchando por la defensa de las libertades y contra la intromisión de la iglesia en los asuntos de estado y en la moral de los que no somos creyentes.

Salud, República y Socialismo.