Un primer paso para un Renta Mínima Garantizada

El pasado dia 2 de febrero el Congreso aprobó la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CCOO y UGT para implantar una Renta Mínima Garantizada para todos aquellos/as desempleados/as que no perciban prestación. Como no podía ser de otra manera con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos.

La ILP venía refrendada con el apoyo de la firma de más de 700.000 trabajadores/as. El retraso en la formación del gobierno propició el retraso del debate parlamentario de esta propuesta. Con la excusa de la crisis el Partido Popular impuso una reforma laboral que no ha hecho más que favorecer el despido fácil y el incremento de la precariedad laboral en España. Esto había dejado en la cuneta a millones de trabajadores y trabajadoras que no solo veían como perdían sus puestos de trabajo, sino que pasado un tiempo se quedaban sin prestación alguna, porque el estado, el Partido Popular, se desentendía de ellos/as.

La ILP propiciada por CCOO y UGT pretende contrarrestar en parte los efectos de la crisis y de las medidas legislativas del Partido Popular. Se trata de contrarrestar las injusticias sociales provocadas durante la negra legislatura de Rajoy y el Partido Popular. Se trata en definitiva de rescatar a las personas que más habían sufrido los efectos de la crisis económica y la legislación antilaboral del PP. Restituir la deuda social que el estado había contraído con los/as desamparados/as de la crisis económica.

La aprobación de la tramitación de la ILP es solo un primer paso. Pero un primero paso que se ha visto ensombrecido en primer lugar por el desprecio del gobierno del Partido Popular hacia los desempleados sin prestación al no estar presente en el debate ningún miembro del Consejo de Ministros. Eso da ya una idea de lo que les importa a los miembros del gobierno y al Partido Popular la situación de los/as desempleados/as españoles/as. Y en segundo lugar manifestando su rechazo, del Partido Popular y Ciudadanos, a que la ILP se tramitara como una ley. La excusa, de ambos, era el coste económico de la propuesta. Los 12.000 millones de € de la propuesta les debe parecer excesivo frente a los más de 60.000 millones de € del rescate de la banca, las decenas de miles de millones de € del rescate de autopistas y otras empresas privadas, las decenas de miles de millones de € que anualmente se dejan de ingresar por la deficiente lucha contra el fraude fiscal y los miles de millones que se han perdonado en la amnistía fiscal de Montoro.

No es un problema de dinero. Es un problema de voluntad política. Solamente con la reforma fiscal que incluye la ILP sería más que suficiente para financiar la Renta Mínima Garantizada. Pero además, desde el inicio de la crisis, el gobierno ha reducido el importe de la prestación por desempleo en 30.000 millones de euros anuales. Y además la implantación de la ILP tendría una ventajas sociales y económicas importantes. Primero porque esos 12.000 millones de euros harían incrementar el consumo y por tanto el PIB y la creación de empleo, lo que llevaría a ir reduciendo año a año el importe de la prestación y de desempleados/as. Y en segundo lugar porque la prestación haría que mejorasen la condiciones laborales y salariales del conjunto de los trabajadores. Porque nadie se vería obligado a trabajar por salarios de miseria y en condiciones laborales de explotación. 

Ese es el quid de la cuestión por el que tanto Partido Popular como Ciudadanos rechazaron la tramitación de la ILP. Porque en el fondo a ambos les gustaría perpetuar la condiciones de precariedad y bajos salarios de los actuales empleos, ya que de esta manera el ejercito de parados se seguiría viendo obligado a aceptar esas regresivas condiciones laborales y salariales que el PP ha impuesto durante la crisis económica y que parece que gustan a C's. Se trata de perpetuar en nuevo estrato social, el precariado o trabajadores pobres, los que trabajan pero que están por debajo del umbral de la pobreza. Y de esa manera, también, se fuerza a los trabajadores con "empleo" a ser sumisos y no reivindicativos.

Pero además no se pretende siquiera sacar de la pobreza a los trabajadores sin prestación. Se pretende que los/as desempleados/as de larga duración tengan derecho a un mínima prestación. Estas son las condiciones para percibir la prestación:

• Tener entre 18 y 65 años de edad.
• Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho de forma ininterrumpida en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de la prestación. Este período de residencia no será exigible a las personas víctimas de trata de seres humanos ni a las víctimas de violencia de género.
• Carecer de recursos económicos individuales y de los miembros de la unidad familiar (ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluidas las pa- gas extraordinarias; esto es 5.837euros/año ó 486 euros/mes) 
• No percibir prestaciones por desempleo.
• Encontrarse inscrito como demandante de empleo, al menos durante los doce meses anteriores a la solicitud de la prestación de ingresos mínimos de forma ininterrumpida. 

Quienes cumplan estas condiciones tendrían derecho a una prestación de 426€ mensuales mientras dure su situación. 

Los gobierno están para solucionar, sobre todo, los problemas a los más desfavorecidos/as. En este caso a los que la crisis económica y las políticas de un gobierno insolidario han dejado en la cuneta. Hoy, producto de esa crisis económica, sigue habiendo más de 4 millones de desempleados/as, de los cuales en torno a 2,4 millones ( el 62% mujeres) no perciben prestación alguna. La sociedad tiene una deuda moral con todos/as ellos/as. Esa deuda se puede compensar en parte con la ILP propiciada por CCOO y UGT.

No va a ser una camino fácil el de la tramitación parlamentaria. Tanto PP como C's harán todo lo posible para que no se apruebe y continue habiendo millones de personas excluidas socialmente. Ya lo ha advertido Fernández Toxo, Secretario General de CCO: “Espero que el Gobierno no juegue al filibusterismo parlamentario y con maniobras dilatorias retrase o, incluso, haga decaer esta Iniciativa tan necesaria para cubrir las necesidades de millones de personas”. Por eso los sindicatos no deben bajar la guardia y junto al debate parlamentario se debe dar también el debate en los centros de trabajo, en las oficinas de empleo, con los desempleados y las movilizaciones. Que el PP y C's sientan en el cogote el aliento de los trabajadores y desempleados. 

Esto no ha hecho más que empezar.

Salud, República y Socialismo