domingo, 19 de febrero de 2017

Las ventajas de ser mujer florero

La infanta Cristina se ha salvado, por un pelo, de ser condenada por delito fiscal. No hay nada mejor que hacer de mujer florero y hacerse la tontita.

Aunque no se ha ido de rositas, ha sido condenada a pagar una multa de 265.088 euros como responsable civil a titulo lucrativo de los desmanes de su amado maridito. La infanta Cristina se ha librado de ser condenada por lo penal por los pelos. Primero porque ha tenido muchos abogados defensores, los contratados y los que le han salido gratis, como el fiscal anticorrupción, la abogacía del estado y la Hacienda Pública (que al parecer ya no somos todos) que le ha legalizado la desgrabación de facturas falsas. Y segundo porque en todo el proceso judicial ha ido de mujer florero tontita, vamos que no se enteraba de nada de lo que hacía su amantísimo Urdangarín. Ella tenía plena confianza en todo lo que hacía su amantísimo esposo.

Es penoso ver como a una persona como la infanta Cristina, titulada universitaria y ejecutiva de una gran empresa, la fiscalía anticorrupción no la considere capacitada para saber lo que firmaba, no fuera consciente de que cargaba gastos personales de manera ilegal a una empresa o que se autoalquilara su propia residencia para blanquear parte de esos más de 6 millones de euros que su marido desviaba de las subvenciones y contratos que recibía de diversas administraciones públicas. Claro que esto le ha venido bien a la esposa de Diego Torres a la que han aplicado el mismo criterio, el de esposa tontita y florero. Lo contrario hubiera sido demasiado cantoso y escandaloso.

Es evidente que la justicia no es igual para todos, aunque la derecha y sus voceros intenten convencernos de ello. Si no, que se lo pregunten a Isabel Pantoja, que al igual que la infanta no se enteraba de lo que hacía su amante en el ayuntamiento de Marbella o las muchas esposas de narcotraficantes gallegos que tampoco se enteraban de los que hacían sus traficantes esposos, u otras muchas mujeres que tampoco sabían nada de los negocios ilegales de sus maridos, pero todas ellas fueron al tuyo. La justicia en este país es contundente con los robagallinas pero permisible y complaciente con los delincuentes de guante blanco. 

Tampoco puede decirse que haya habido ejemplaridad en las condenas impuestas a los condenados. En todos los casos se les ha condenado a la menor pena posible, muy alejadas de las peticiones del fiscal y las acusaciones. ¿No se tratara de ponérselo fácil al Tribunal Supremo para que facilite la no entrada en la cárcel de Urdangarin con una rebaja de la condena?. En el estado de corrupción en que se encuentra este país, la sentencia del caso Noos no hace sino desmoralizar a la ciudadanía, aundando  en la creencia de que la corrupción política ni se combate ni se castiga adecuadamente. Quienes se aprovechan de su situación, la cercanía a una institución como la Corona, para lucrarse, ese es el papel que presuntamente jugaba la infanta, no merecen más que la repulsa social y la ejemplaridad en el castigo. Si de verdad desde el ámbito judicial se lucha de manera decidida contra esta lacra social que es la corrupción política. 

Resulta también sorprendete que Urdargarin, el principal urdidor de esta trama, haya salido de este proceso con una pena menor que su socio Diego Torres. A él no se le ha condenado por blanqueo de dinero, por los mismos hechos cometidos por su socio, la compra de mobiliario personal con cargo a Noos. Será que entre los delincuentes también hay clases.

Al final este escándalo se resuelve echando abajo la gran labor realizado por el juez Castro en la realización del sumario. Un proceso cargado de presiones y amenazas contra un juez que ha demostrado que, a pesar de todo, quedan personas íntegras e inquebrantables en la justicia española. Ahora solo cabe ver que pasará si la justicia que se le ha aplicado a la infanta sentará jurisprudencia y se aplicara de igual modo a otras ilustres mujeres floreros y tontitas como Ana Mato, que no se enteraba de que su marido tenía un Jaguar en el garaje o Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, que solo se dedicaba a las labores domesticas y que la plena confianza en su marido le  llevaba a firma todo lo que este le pusiera por delante.

Salud, República y Socialismo

lunes, 6 de febrero de 2017

Un primer paso para un Renta Mínima Garantizada

El pasado dia 2 de febrero el Congreso aprobó la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por CCOO y UGT para implantar una Renta Mínima Garantizada para todos aquellos/as desempleados/as que no perciban prestación. Como no podía ser de otra manera con el voto en contra del Partido Popular y Ciudadanos.

La ILP venía refrendada con el apoyo de la firma de más de 700.000 trabajadores/as. El retraso en la formación del gobierno propició el retraso del debate parlamentario de esta propuesta. Con la excusa de la crisis el Partido Popular impuso una reforma laboral que no ha hecho más que favorecer el despido fácil y el incremento de la precariedad laboral en España. Esto había dejado en la cuneta a millones de trabajadores y trabajadoras que no solo veían como perdían sus puestos de trabajo, sino que pasado un tiempo se quedaban sin prestación alguna, porque el estado, el Partido Popular, se desentendía de ellos/as.

La ILP propiciada por CCOO y UGT pretende contrarrestar en parte los efectos de la crisis y de las medidas legislativas del Partido Popular. Se trata de contrarrestar las injusticias sociales provocadas durante la negra legislatura de Rajoy y el Partido Popular. Se trata en definitiva de rescatar a las personas que más habían sufrido los efectos de la crisis económica y la legislación antilaboral del PP. Restituir la deuda social que el estado había contraído con los/as desamparados/as de la crisis económica.

La aprobación de la tramitación de la ILP es solo un primer paso. Pero un primero paso que se ha visto ensombrecido en primer lugar por el desprecio del gobierno del Partido Popular hacia los desempleados sin prestación al no estar presente en el debate ningún miembro del Consejo de Ministros. Eso da ya una idea de lo que les importa a los miembros del gobierno y al Partido Popular la situación de los/as desempleados/as españoles/as. Y en segundo lugar manifestando su rechazo, del Partido Popular y Ciudadanos, a que la ILP se tramitara como una ley. La excusa, de ambos, era el coste económico de la propuesta. Los 12.000 millones de € de la propuesta les debe parecer excesivo frente a los más de 60.000 millones de € del rescate de la banca, las decenas de miles de millones de € del rescate de autopistas y otras empresas privadas, las decenas de miles de millones de € que anualmente se dejan de ingresar por la deficiente lucha contra el fraude fiscal y los miles de millones que se han perdonado en la amnistía fiscal de Montoro.

No es un problema de dinero. Es un problema de voluntad política. Solamente con la reforma fiscal que incluye la ILP sería más que suficiente para financiar la Renta Mínima Garantizada. Pero además, desde el inicio de la crisis, el gobierno ha reducido el importe de la prestación por desempleo en 30.000 millones de euros anuales. Y además la implantación de la ILP tendría una ventajas sociales y económicas importantes. Primero porque esos 12.000 millones de euros harían incrementar el consumo y por tanto el PIB y la creación de empleo, lo que llevaría a ir reduciendo año a año el importe de la prestación y de desempleados/as. Y en segundo lugar porque la prestación haría que mejorasen la condiciones laborales y salariales del conjunto de los trabajadores. Porque nadie se vería obligado a trabajar por salarios de miseria y en condiciones laborales de explotación. 

Ese es el quid de la cuestión por el que tanto Partido Popular como Ciudadanos rechazaron la tramitación de la ILP. Porque en el fondo a ambos les gustaría perpetuar la condiciones de precariedad y bajos salarios de los actuales empleos, ya que de esta manera el ejercito de parados se seguiría viendo obligado a aceptar esas regresivas condiciones laborales y salariales que el PP ha impuesto durante la crisis económica y que parece que gustan a C's. Se trata de perpetuar en nuevo estrato social, el precariado o trabajadores pobres, los que trabajan pero que están por debajo del umbral de la pobreza. Y de esa manera, también, se fuerza a los trabajadores con "empleo" a ser sumisos y no reivindicativos.

Pero además no se pretende siquiera sacar de la pobreza a los trabajadores sin prestación. Se pretende que los/as desempleados/as de larga duración tengan derecho a un mínima prestación. Estas son las condiciones para percibir la prestación:
  • Tener entre 18 y 65 años de edad.
  • Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho de forma ininterrumpida en los seis meses anteriores a la fecha de solicitud de la prestación. Este período de residencia no será exigible a las personas víctimas de trata de seres humanos ni a las víctimas de violencia de género.
  • Carecer de recursos económicos individuales y de los miembros de la unidad familiar (ingresos inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, excluidas las pa- gas extraordinarias; esto es 5.837euros/año ó 486 euros/mes) 
  • No percibir prestaciones por desempleo.
  • Encontrarse inscrito como demandante de empleo, al menos durante los doce meses anteriores a la solicitud de la prestación de ingresos mínimos de forma ininterrumpida. 
Quienes cumplan estas condiciones tendrían derecho a una prestación de 426€ mensuales mientras dure su situación. 

Los gobierno están para solucionar, sobre todo, los problemas a los más desfavorecidos/as. En este caso a los que la crisis económica y las políticas de un gobierno insolidario han dejado en la cuneta. Hoy, producto de esa crisis económica, sigue habiendo más de 4 millones de desempleados/as, de los cuales en torno a 2,4 millones ( el 62% mujeres) no perciben prestación alguna. La sociedad tiene una deuda moral con todos/as ellos/as. Esa deuda se puede compensar en parte con la ILP propiciada por CCOO y UGT.

No va a ser una camino fácil el de la tramitación parlamentaria. Tanto PP como C's harán todo lo posible para que no se apruebe y continue habiendo millones de personas excluidas socialmente. Ya lo ha advertido Fernández Toxo, Secretario General de CCO: “Espero que el Gobierno no juegue al filibusterismo parlamentario y con maniobras dilatorias retrase o, incluso, haga decaer esta Iniciativa tan necesaria para cubrir las necesidades de millones de personas”. Por eso los sindicatos no deben bajar la guardia y junto al debate parlamentario se debe dar también el debate en los centros de trabajo, en las oficinas de empleo, con los desempleados y las movilizaciones. Que el PP y C's sientan en el cogote el aliento de los trabajadores y desempleados. 

Esto no ha hecho más que empezar.

Salud, República y Socialismo