Hacia el estado de sitio

La pérdida de libertades y de derechos civiles es otra más de las consecuencias del modo de salir de la crisis que está aplicando el Partido Popular. Cada vez que un tipo de movilización comienza a tener éxito, el gobierno busca la manera de criminalizar esos actos.

Es lo que ocurre como el escrache, que el gobierno pretende reprimir las manifestaciones ante políticos con el objeto de condicionar su voto ante la ILP sobre los desahucios. El gobierno dice que solo se trata de que "la policía procederá en primer lugar a identificar para sancionar a quienes participen en actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos”, el segundo paso será el coaccionar a los identificados a través de multas administrativas y en tercer lugar su detención si la policía considera que se están desarrollando actos de acoso violento a los políticos.

Dice Mariano Rajo que "no es democrático ni propio de un país serio que se intimide a la gente, que se empapelen sus casas. Hay que respetar a los demás. Si todos actuáramos así, el país sería invivible”.  En este país y en estos momentos, para Mariano Rajoy lo único democrático es destruir la economía del país para poder salvar las entidades financieras. Si las movilizaciones democráticas de los ciudadanos comienzan a dar resultados, entonces se coaccionan  y se intimidan a los ciudadanos para que estos tengan miedo a movilizarse. Se detienen y se acusa de delitos inexistentes a ciudadanos, como en la movilización del 25S “rodea el Congreso”, que luego los tribunales se encargan de absolver. Pero eso no es escrache, ni coacción a la ciudadanía, eso es simplemente delincuencia de estado.

Pero no son los ciudadanos los únicos que consideramos estos métodos represivos como antidemocráticos y probablemente ilegales. También los sindicatos policiales, al menos el SUP, y algunas asociaciones de jueces y abogados consideran que estos métodos bordean la legalidad. Según el SUP Las identificaciones solo pueden llevarse a cabo si se considera que los manifestantes están cometiendo algún tipo de delito o infracción administrativa. Pero  ya sabemos, por propia experiencia, que esto no es lo que ocurre, si no que los mandos policiales interpretan las instrucciones a su manera y no es la primera vez que se identifica a manifestantes que de manera pacifica protestan contra las políticas del gobierno del Partido Popular, aunque después los tribunales se encarguen de poner las cosas en su sitio.

El Gobierno, el P.P., considera antidemocrático que los ciudadanos presionen a los políticos, a sus políticos, para intentar que estos modifiquen su actitud hacia leyes que los ciudadanos consideramos lesivas para nuestros intereses, pero a la vez  no consideran antidemocráticos que los empresarios, los lobbies empresariales y la iglesia católica les presionen para que modifique la legislación para satisfacer sus mezquinos intereses. A esos no se les identifica ni se le detiene. Ellos no necesitan salir a la calle para presionar a los políticos, ellos se reúnen en sus despachos o en selectos restaurantes y compran las voluntades de los políticos sin necesidad de mover un solo pelo.

No son antidemocráticos la actitudes de los ciudadanos cuando intentan presionar a los políticos para que tengan en cuenta los intereses de los ciudadanos que los han puesto en las instituciones públicas. Lo que son antidemocráticas son las reacciones del gobierno y del P.P. ante las acciones pacificas de los ciudadanos. No solo pretenden llevar a la miseria a los mas desfavorecidos, si no que, además, pretenden reprimir, criminalizar e ilegalizar la protesta de los ciudadanos contra esas injusticias. De aquí al estado policial y de sitio solo hay un paso. Por cierto el escrache es antidemocrático cuando no lo hace el P.P.

Salud, República y Socialismo