La justicia ya no es un derecho, es un nuevo repago

Hoy ha entrado en vigor la nueva ley de tasas de la justicia, con lo que si ya no éramos iguales ante la ley, ahora lo seremos menos porque muchos, los mas pobres, no podrán pagarse el derecho a la justicia.

A partir de ahora primero pagas y si luego si ganas, el demandado pagará tus costes. Pero si el demandado se declara insolvente, a pesar de ganar pagarás las costas del juicio. El ministro de la Injusticia, Alberto Ruiz Gallardón, no se corta y afirma que el objetivo de la ley es disuadir a que el ciudadano acuda a litigar, porque eso agilizará la justicia, para los casos verdaderamente necesarios, y de esa manera, con los ingresos de la tasas, se podrá financiar la justicia gratuita. En una cosa tiene razón, en el efecto disuasorio de las tasas, porque a partir de ahora muchos ciudadanos se lo pensarán antes de litigar. Por dos razones, la primera por no tener medios económicos para hacer frente a las tasas y la segunda porque el importe de la tasa no haga rentable la interposición de una demanda (reclamar una multa de 100 euros tiene una tasa de 200 euros). Si tal como establece la ley la administración está exenta de tasas, ¿La administración reintegrará las tasas de los pleitos que pierda? La justicia gratuita es un derecho de la ciudadanía y se ha de sufragar a través de los presupuestos generales del estado (ya pagamos impuestos para ello) y no vía tasas.

El objetivo es muy claro ampliar a todos los estamentos de la sociedad la imposición de una sociedad dual donde los ricos tengan acceso a los servicios de calidad (justicia, sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, etc.) y los que no tengan medios económicos, no puedan acceder a ellos o se tengan que conformar con unos servicios de beneficencia. Y sobre todo ampliar a un ámbito más de lo servicios públicos la iniciativa privada. A partir de ahora veremos como los fondos de inversión o las compañías de seguros ofrecerán, a cambio de una importante parte de las indemnizaciones, adelantar las tasas judiciales y hacer un buen negocio porque ellos nunca perderán.

Estos son algunos ejemplos de lo desproporcionado de las nuevas tasas judiciales:

• Divorcio, 300 euros más el porcentaje sobre los bienes
• Multas de tráfico: 200 euros por una multa de 100
• Pleito por una deuda entre particulares: 100 euros... o hasta 1.200
• Denuncia contra el banco por preferentes: 940 euros.
• Recurso por despido: 500 euros
• Reclamación de indemnización por accidente de tráfico o negligencia médica hasta 6.000 euros en primer instancia y 12.000 en segunda instancia.

El daño que estas tasas va a hacer entre la ciudadanía es incalculable, victimas de violencia de genero que no podrán recurrir al divorcio y reparto de los bienes, ingresos extras de la administración por multas no recurridas, despidos que se aceptarán aunque se tenga razón, indemnizaciones que no se reclamará, etc. Solo, por el hecho de no poder hacer frente a las nuevas tasas o tener que aceptar el chantaje de los fondos de inversión y compañías aseguradoras.

Además de ser disuasorias las nuevas tasas son discriminatorias porque benefician a las grandes empresas o las grandes fortunas que son las que tienen pleitos por grandes cantidades de dinero . Ejemplo:

Hasta una reclamación de un millón de euros se paga una tasa adicional del 0,5% de la cantidad reclamada (5.000 €), a partir del millón de euros solo el 0,25%, pero con un limite de 10.000 €, con lo cual se está bonificando no al ciudadano de a pie que tiene dificultades para pleitear sino a las grandes empresas y grandes fortuna a las que se les pone un limite en sus tasas judiciales.

Si alguien no lo tenía claro, no se a que está esperando, el Partido Popular no defiende los intereses de los ciudadanos de a pie, solo le interesa las instituciones financieras, las grandes empresas y las grandes fortunas, porque parte del principio de que todo lo que sea susceptible de beneficio tiene que ser gravado o privatizado, para que sus amiguetes puedan hacer negocio y por tanto los servicios públicos no son derechos sino objetos de mercadería que quienes tengan dinero se lo paguen y quienes no lo tengan, que se jodan.

A ver cuando terminar de quitarse la venda de los ojos, una gran parte de la ciudadanía de a pie.

Nota.-
En contra de las nuevas tasas judiciales el P.P. está solo. Tiene en contra a toda la sociedad, ciudadanía, poder judicial, jueces, fiscales, abogados, procuradores, asociaciones de consumidores, partidos políticos del Parlamento, …

Salud, República y Socialismo