Fascismo popular

Esperanza Aguirre ha dado un nuevo paso en su camino hacia lo que ella denomina liberalismo. Un liberalismo basado en la destrucción paulatina de todo lo público y con un objetivo, la introducción del sector privado en áreas que deberían ser competencias exclusivas del servicio público.

Con la firma, el pasado 2 de enero, de un convenio con el episcopado madrileño, por el que se permite que los curas participen de los comités éticos de cuidados paliativos, según ha sacado a la luz la Cadena Ser, el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, pretende imponer la moralidad y las creencias del sector católico más reaccionario al conjunto de la ciudadanía madrileña. Esto, se cuente como se cuente, no tiene nada que ver con el liberalismo que la Espe-rancia predica como su modelo político, sino con doctrinas más rancias y totalitarias como el fascismo.

¿Como se puede pretender que un sector de la sociedad que está manifiestamente en contra con los principios que deben salvaguardar los comités éticos de los hospitales, pueda entrar a participar y opinar en los mismos? Sería como poner a cuidar la zorra de las gallinas.

Estos comités se encargan de decisiones tan importantes como permitir o no la sedación a un enfermo terminal o si se practica o no un aborto a una mujer violada o si se reanima o no a bebé con malformaciones. Alguien piensa que con la posición que mantiene la iglesia católica sobre estos temas, la presencia de los curas en los comités éticos de los hospitales va a ir en beneficio de los enfermos o solo en la defensa de sus arcaicos y excluyentes posicionamientos.

La apuesta del Partido Popular es clara, torpedear todos los servicios públicos para que ante su degradación los ciudadanos se vean en la obligación de requerir estos servicios en el ámbito privado. Y no solo eso si no también impedir la prestación de servicios reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico como el aborto.

Este es el liberalismo de Espe-rancia, que el acceso a los servicios públicos esenciales y de calidad (sanidad, educación…) solo puedan permitírselo quienes tengan medios económicos para pagarlos, pero para eso primero hay que degradarlos, y en eso esta poniendo todo su empeño.

Pero una parte del problema estaría solucionado, si de una vez por todas el PSOE decidiera poner en su sitio a la iglesia católica e hiciera valer el principio constitucional de la aconfesionalidad del estado español. Por eso cada día que pasa es más urgente denunciar el concordato preconstitucional de 1979, firmado con el Vaticano. La iglesia católica y todas las demás tienen que quedar reducidas al ámbito de lo privado, sin la más mínima posibilidad de injerencia con el estado. Solo de esta forma se podrían evitar situaciones como las que está provocando el Partido Popular.

Salud, República y Socialismo